Hemos acudido tras cinco años de prórroga a una renovación del Consejo General del Poder Judicial que curiosamente no está firmada por los legítimos representantes de las Cortes Generales, como son la Presidenta del Congreso y el Presidente del Senado y con unas pinceladas que no contentan a muchos, parece ser que no se sabe aun cuándo empezará el nuevo Consejo para poder gobernar y regir a quienes están inmersos en el mundo de la Justicia como son Jueces, Magistrados, LAJs y resto de operadores jurídicos.
El Ministro Bolaños insiste en que el acuerdo tomado no compromete a cambiar el modelo y que aunque está ya registrado en las Cortes Generales, el acuerdo mejora el sistema y es bueno para seguir adelante en el Gobierno de los Jueces. Este acuerdo se ha conseguido en la reunión que han mantenido en Bruselas junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová.
En este acuerdo se va a presentar una proposición de Ley Orgánica que reforzará la independencia del Poder Judicial, todo ello, según recomienda la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023, lo que hará que ambas formaciones que han pactado que diez vocales de dicho Consejo sean del ala conservadora y otros diez del sector progresista sigan la senda del camino, manifestando los firmantes inclusive que se trata de “una composición absolutamente equilibrada del Consejo General del Poder Judicial”, pero en el reparto de diez vocales para cada partido, se supone que el texto tendrá que incluir, de manera expresa, un nuevo modelo de “participación directa” y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes en dicho Consejo, apareciendo en las manifestaciones de los políticos firmantes que el Gobierno no podrá señalar al Presidente del Tribunal Supremo, lo que sin haberse todavía plasmado el documento que se debatirá en las Cortes, hay muchas promesas en interpretaciones a este acuerdo que en definitiva lo importante es el desbloqueo que hasta el momento ha existido, pero sin embargo, no se ha contado con los operadores jurídicos que son la columna vertebral de la Justicia, como estaba ocurriendo hasta las últimas elecciones habidas, donde había un representante de la abogacía e incluso también ha habido un representante de la procura y había una petición de los Graduados Sociales que también son operadores jurídicos contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial para formar parte de ese Consejo y, sin embargo, ninguno de ellos figuran ni en el acuerdo ni entre los vocales que ya se conocen sus nombres. Es decir, los han orillado y excluido y lo que es peor, no se ha dado ninguna explicación a la no inclusión de éstos.
Este descarte de operadores jurídicos no sólo margina a estos colectivos profesionales, los cuales son esenciales para el funcionamiento de la Justicia, sino que también priva al Consejo nuevo que saldrá próximamente de contar con profesionales del Derecho que suelen tener una larga experiencia en sus carreras profesionales y lo que es más curioso, sólo aparece un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), cuando todos sabemos el papel tan importante y las competencias que estos tienen hoy en los Tribunales de Justicia de cualquier Jurisdicción.
En definitiva, la noticia es grata por la renovación, pero sale a medias porque no se conforma con todos los que están dentro del mundo judicial. Espero que las futuras comisiones que dicho consejo cree cuenten con los profesionales del Derecho como son abogados, graduados sociales y procuradores, pues son quienes aportan a diario los “clientes” para que exista como es lógico justiciables y juzgadores, porque de no hacerse, independientemente de que quienes han firmado el acuerdo no saben quienes son éstos o lo que es peor, no quieren saberlo, el Consejo General del Poder Judicial se renueva con estrías y costará mucho limar esas asperezas que hoy tiene y que nunca se debió de excluir a nadie.
