Hasta la entrada en vigor de tanta normativa sobre la pandemia, en España, se disfrutaba por llamarlo de alguna manera, de una seguridad jurídica que era utilizada por todos y a la vez creaba un protocolo legal que nos hacía vivir en circunstancias normales y en especial, de saber dónde estábamos y a qué nos ateníamos.
Hasta entonces, las Cortes Generales legislaban con tranquilidad y parsimonia. No se abusaba de los reales decretos-leyes y el legislador solía mantener cuanto se publicaba en el BOE durante largo tiempo para consolidar aquellos proyectos de ley ya votados y todo lo más, se mejoraban con reales decretos y órdenes ministeriales que desarrollaban las distintas administraciones con sentido común y sin dañar al ciudadano. Lógicamente existían excepciones como en todo, pero esa seguridad se mantenía, se utilizaba en los Tribunales con criterios uniformes e incluso los profesionales del Derecho sabíamos retener tanta normativa, porque era hábil durante largos periodo de tiempo. Es más, aún existe normativa que se aplica y está en vigor de tiempos de la dictadura franquista, lo que pone de manifiesto que si han sido positivas se han mantenido.
Entrada la pandemia, se han dictado reales decretos-leyes sin debate alguno y se publicaban en el BOE a las 00.00 horas para su entrada en vigor minutos siguientes. Es decir, un atropello tal de la normativa que sólo participaba el Gobierno, pues hasta las Cortes Generales estaban clausuradas. De ahí que hoy tengamos, por esta inseguridad jurídica que nos envuelve, un freno a la inversión y lo que es peor, al desarrollo y crecimiento económico, lo cual ha encarecido a los intermediarios y al último tenedor que tiene que usarla y utilizarla y no digamos de la vida universitaria que está en muchos casos congelada.
Hoy, tras el paso catastrófico de la pandemia, las administraciones siguen prácticamente adormecidas, pues entre citas previas, normativas internas e interpretaciones torticeras no hay quien se mantenga de pie para dar con seguridad y conocimientos que es lo que se quiere y cómo se aplica esa diarrea legislativa que cada día está más adulterada de conocimientos y lo que es peor, se legisla en función de una mayoría variopinta donde cada ley y cada proyecto se hace a gusto de quien quiere sacar una tajada de las Cortes Generales.
Todo esto, unido a la falta de un Consejo General del Poder Judicial como hemos tenido y con un Tribunal Constitucional hecho a medida está desembocando en una falta total de criterios que nos acostamos por la noche y no sabemos al día siguiente qué nos vamos a encontrar, pues interpretaciones por doquier, como el ejemplo de la amnistía y prófugos sin encontrar, pero burlando a la Justicia, hacen que la sociedad tenga perdida su credibilidad y estemos campando cada uno por nuestros respetos, sin saber quién es quién y si cuanto aparece en los medios de comunicación y redes sociales es verdadero o se trata de bulos.
Los que trabajamos en el mundo jurídico, sabemos perfectamente lo que significa tener inseguridad jurídica y sus consecuencias, pues estamos acudiendo a los Tribunales para resolver cuestiones cuyo origen no es otro que una deficiente legislación, pues esa falta de seguridad no puede perjudicar a quien es victima de la misma, sino a quien la promueve y está ello ocurriendo en las jurisdicciones de todo orden, pues desde el propio Tribunal Supremo que se corrige así mismo su doctrina con cierta frecuencia, vemos cómo los tribunales de primera instancia también dictan resoluciones contradictorias donde no sabemos a qué atenernos ni cómo explicar estas distintas interpretaciones, pues no es justo que muchas Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional dicten sentencias contradictorias y en sus propias sedes no guarden un criterio uniforme de lo que están sentenciando. Si a esto se nos une la verborrea permanente que vomitan las administraciones por vía electrónica, donde un día dicen una cosa y al otro otra, es tal el desamparo el que estamos viviendo que no hay títere con cabeza.
Por tanto, hay que eliminar este ambiente de impunidad y procuración de justicia precaria, pues la sociedad civil no está teniendo conductas adecuadas como viene ocurriendo, ya que esta inseguridad atenta contra las condiciones básicas que permiten la convivencia pacífica en la sociedad y pone en peligro y lesiona los derechos fundamentales, algo que es lo que constituye el Estado de Derecho, cosa que no tenemos y que cada día que pasa estamos sorprendidos de cómo terminará todo, pues el horizonte está totalmente apagado.