El 14 de marzo de 2020 los españoles sufrimos el Decreto del Estado de Alarma que el Presidente Pedro Sánchez declaró en todo el territorio nacional y desde aquél momento nos encerraron a cal y canto porque el COVID-19 estaba descargando entre nosotros todo su maleficio y la confusión de la que no saldríamos durante años y en la que aún existen tristes secuelas, porque ni fuimos bien dirigidos sanitariamente ni tuvimos los conocimientos específicos y claros de lo que se nos venía encima. La emergencia sanitaria generada por el coronavirus y tras el Decreto del Estado de Alarma, el cual nos llegó de un día para otro, nos hace hoy desde el recuerdo verificar con mayor acierto todo lo ocurrido, pues el Parlamento se cerró también y estuvimos en manos de un Ministro de Sanidad y de los Consejeros del ramo que en cada CCAA nos decían cómo estaba la estadística de mortalidad y cómo teníamos suspendidos todos los derechos, incluido el de no poder ver a nuestros seres queridos, a nuestros muertos y ni saber dónde se encontraban.
España experimentó un paro de tal envergadura que luego todas las normas que habían dado al respecto el Gobierno fueron declaradas inconstitucionales, pues día a día se iba viendo los tristes resultados de aquél cierre a cal y canto del país y cómo nos basábamos en muchas de las medidas de aquél engaño que los chinos nos hicieron, pues la paralización del país dio el triste resultado del Tribunal Constitucional que no se había usado el instrumento adecuado para restringir de forma tan drástica los derechos de los ciudadanos. Es decir, un fracaso absoluto para un Gobierno escondido en el que día a día se marcaba un real decreto-ley para anularlo al día siguiente y al estar el Parlamento cerrado, las Comisiones Permanentes de ambas Cámaras decidían escuchar “la voz de su amo” para trasladarla al pueblo español. Fue curioso porque hasta se estrenó el 25 de marzo del 2020 el voto telemático, porque los propios parlamentarios tenían tal miedo a la situación que aquellas medidas más exigentes que se planteaban se hacían de manera telemática y como siempre ERC, JxCat, EHBildu, BNG y la CUP se abstenían para hacer como hoy, escurrir el bulto, pero crear miedo y pidiendo inclusive la paralización de todas las actividades del país, es decir, una quiebra de todo como siempre han hecho.
Han sido recuerdos inolvidables. La universidad se paralizó de tal manera que durante dos años los exámenes y clases eran telemáticos y no asistía nadie a clase, para luego aprobar esos cursos y tener el fruto de hoy donde muchos de aquellos egresados son incapaces de ejercer una profesión, porque o bien copiaron o bien solo salieron adelante con el mínimo esfuerzo. Algo igual ocurrió en los colegios e institutos, lo cual hoy lo estamos pagando a un precio muy alto.
Tenemos que tener presente que el Gobierno estuvo cómodo porque el Parlamento no funcionaba, lo hacía sólo a base de decretos y miedo y mientras ni las estadísticas funcionaban y ni siquiera se sabía que las mascarillas podían ser un parapeto para frenar el coronavirus. Es decir, hoy, a los cinco años de aquél desastre sanitario y político y dónde un médico epidemiológico llamado Fernando Simón Soria le encomendaron la coordinación de alertas y, en especial, por mandato del Ministro de Sanidad, se dedicó a asustarnos en cada momento, del cual hoy poco se sabe y tan sólo tenemos el mal recuerdo de un detractor de malas noticias y que sin fundamento sanitario intoxicó a toda España.
Estos cinco años han servido para que no haya control presupuestario, para que Europa nos diera centenares de millones de euros que aún no se han devuelto y para que un montón de corruptos se aprovecharan de la pandemia y se hicieran ricos y lo que es peor, el mercado de trabajo se llenó de ERTES, el funcionamiento del mercado económico se paralizó y las empresas perdieron no solamente los talentos de sus trabajadores, sino que cerraron ruinosamente porque el mercado no era ágil ni funcionaba y lo que es el peor recuerdo a tener en cuenta son las miles de personas que fallecieron tanto en residencias como en hospitales, porque ni existían medios para salir de la pandemia, ni las vacunas estuvieron preparadas como debió ocurrir en un país desarrollado y con futuro. Hubo profesionales que perdieron la vida en este tránsito como hubo funcionarios de administraciones que dieron la cara y otros miles se escondieron sin aparecer por el trabajo, creándose la cita previa la cual descaradamente todavía hoy existe hasta en los bancos y cajas de ahorros. Es decir, un desastre en el recuerdo donde por mi profesión tengo que alzar la voz y decir que el colectivo y los colegios de Graduados Sociales de España trabajaron a puerta cerrada tramitando jurídicamente y dejándose la piel tantos millones de ERTES como se hicieron y que gracias a ellos el mercado de trabajo que estaba parado y anestesiado pudo percibir prestaciones por desempleo, mientras que también esos compañeros y colaboradores de éstos dejaron sus vidas en solitario en sus despachos y algunos también perdieron la vida. En consecuencia esta profesión que este año cumple cien años fue declarada esencial y reconocida por la sociedad civil española, porque de no existir estos profesionales del Derecho no solamente se hubiesen parado las empresas, sino que los trabajadores de las mismas y sus familiares, incluidos los autónomos, no hubiesen tenido ni para comer.
Para terminar, una pésima gestión, una mala organización y un recuerdo para todos los que perdieron la vida, pero seria bueno que para un caso similar que pudiese venir, se preparase a la población y a los políticos que gobiernan, para que otras pandemias, si ocurriesen sean conducidas con mayor rigor, con más preparación y no parar todo un país para darnos cinco años de retraso.
