José Blas Fernández alerta de que las exigencias para los pequeños empresarios, las mismas que para grandes compañías, son una barrera para crear empleo de calidad y apuesta por cambiar la normativa

José Blas Fernández Sánchez, representa a los graduados sociales de Cádiz y Ceuta desde 1980. Político español, ha sido parlamentario de las Cortes Generales. Exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, siendo el edil con mayor número de años de permanencia, desde 1983 y continua. expresidente y presidente de honor del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y actualmente es el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz, cargo que ostenta desde 1980. Desde el dia 3 de marzo de 2017 es también presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, con demarcación en Ceuta y Melilla.

• Pregunta.- Lleva casi cuarenta años como presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, ¿cómo ha cambiado en este tiempo la profesión?
Respuesta.- Ha cambiado para bien en mucho, sobre todo, porque hemos ido consiguiendo logros tanto en el aspecto profesional como en el universitario. Los graduados sociales nacieron, hacia el año 1925, con una profesión regulada por un estudios que eran superiores pero que, después de los años 40, se quedó en una carrera de grado medio. Después pasamos de la diplomatura a la licenciatura y ahora al grado, como el resto de carretas a excepción de algunas como medicina o arquitectura. Ahora estamos, académicamente, en el nivel más alto, lo que nos ha servido para tener mayores logros en la vida profesional, para ser una figura procesal, y una de las pocas figuras jurídicas que marca la ley. Y es que, como profesiones jurídicas marcadas por ley sólo están las de abogados, procuradores, notarios y graduados sociales.

P.- A pesar de ese reconocimiento universitario, ¿a nivel social cree la profesión tiene el mismo reconocimiento? ¿La gente habitualmente sabe qué labor desempeña un graduado social?
R.- La gente nos tiene un poco relegados a funciones de gestiones laborales y nos confunden con gestorías, y aunque también realizamos esos trámites, no dejan de ser un complemento a otras labores jurídicas que también desarrollamos. La nuestra es una profesión jurídica. Nos dedicamos a hacer contratos de trabajo, dar de alta a la gente en la Seguridad Social, a aplicar los convenios colectivos y las normas laborales, a realizar los arbitrajes de los convenios... todo un compendio de cosas que no sólo son gestiones laborales.

P.- El arbitraje ha tomado protagonismo en los últimos años como un sistema para desatascar los juzgados, ¿qué papel juegan en él los graduados sociales?
R.- Nosotros realizamos dos tipos de arbitraje. Uno de ellos es el laboral, que supone una conciliación previa a cualquier pleito, y actuamos mucho en los centros de mediación. Y después está el arbitraje propiamente dicho que es la resolución de conflicto colectivo. En el aspecto laboral somos los que más trabajamos el arbitraje y las conciliaciones, pero en el ámbito civil o mercantil la gente es más reacia a acudir a la conciliación y prefieren un pleito a alcanzar un acuerdo. Se trata de un tema de cultura y educación. Al igual que en el ámbito laboral la conciliación es preceptiva antes de llegar a un juicio, en el ámbito civil y mercantil se debería pasar por allí y tenerlo como una opción para evitar litigar. 

P.- ¿Y que se podría hacer para cambiar esa cultura de pleitear que tan arraigada parece estar en España?
R.- Trabajar por implementar una cultura propia para aceptar someterse a los árbitros. En el arbitraje se es muy proclive a mitigar las carencias de las dos partes, no como el juez, que tiene que ser imparcial e imponer una sentencia. Sin embargo, en el arbitraje se pueden llegar a acuerdos, que suelen ser buenos para ambas partes.  Ya dice el refrán que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, y habría que hacerlo, porque tenemos colapsados los juzgados y muchas veces somos culpables los profesionales, que queremos un pleito por cobrar más. 

P.- ¿Suelen ser eficaces estos arbitrajes? ¿La gente queda satisfecha?
R.- Sí, porque cuando alguien se somete a un arbitraje acata la especie de sentencia final con el que se culmina. Pero no hay cultura de acudir a los arbitrajes porque en los pleitos hay siempre un enfrentamiento y en este escenario conciliar no es la palabra que se usa. Si una persona tiene un enfrentamiento contra otra, lo que busca es ganar lo que no quiere la otra parte y piensa que lo mejor es que un juez resuelva una sentencia favorable en lugar de llegar a un acuerdo. Así, la gente litiga porque prefiere vencer por vía de sentencia. Por eso es importante cambiar la mentalidad para sentarse, hablar y negociar. 

P.- También comentaba que una de las funciones de los graduados sociales es aplicar las normas laborales, ¿cómo ha evolucionado la legislación en este terreno en los últimos años? 
R.- La reforma laboral provocó un cambio brusco. Se han producido muchos cambios jurisprudenciales y han surgido nuevas figuras en las relaciones laborales que han hecho cambiar todo el panorama. Todo eso, los profesionales como nosotros lo sabemos, y trabajamos para cambiar el chip de las empresas y los trabajadores para que se adapten a esta nueva situación. Las empresas pequeñas, como micropymes y pymes, son las que están en nuestras manos permanentemente. Ahora, esta diarrea legislativa que ha habido en los últimos años, se está asentado, pero para eso hace falta que se practique y que los tribunales vayan creando jurisprudencia. Hoy ser asesor jurídico de una empresa en el aspecto laboral es muy complejo. Todos piensan que tienen razón en lo que interpretan y veo mal que en España se dé el mismo tratamiento a una empresa de un trabajador o de mil. La normativa es la misma y eso debe cambiar.

P.- ¿Qué diferencias existen y qué problemas da que no haya diferenciación entre pequeñas y grandes empresas en el ámbito laboral?
R.- No es lo mismo ser empleador de un trabajador que está contigo a media jornada que ser un empresario con cien trabajadores a tu cargo. Cambian los parámetros y el mismo rasero para todos da pie a la conflictividad, y hace que la pequeña empresa no quiera o no pueda contratar. Tienen que existir contratos menos complejos y con menos trabas para que el pequeño empresario pueda asumir tener un trabajador y evitar que, si lo necesita, no lo dé de alta y acabe incumpliendo la norma. 

P.- Los pequeños empresarios, ¿están concienciados con las exigencias laborales o desconocen todo lo que conlleva contratar a una persona?
R.- Desgraciadamente, la mayoría desconoce la normativa. El empresario pequeño sabe vender su producto, pero de lo laboral no sabe. Ni sabe el horario que puede tener un trabajador, ni cuándo hay que darle permisos, ni el contrato que debe hacerle... Todo eso supone un susto para el empresario. Están muy sujetos a la inspección de trabajo, a las multas que se les pueden imponer, y las pequeñas empresas se encuentran muy atosigadas con esta cuestión.

P.- En Ceuta, además, se introduce el trabajador transfronterizo, ¿supone más trabas contratar a un empleado de Marruecos?
R.- El empleador presume que el trabajador transfronterizo puede ser más barato o que no necesita la cobertura que sí debe dar a uno de origen español, lo que es un error. Pero hay empresarios que no entienden que aunque pasada la frontera las relaciones laborales son distintas, y hay trabajadores explotados, aquí no se puede copiar esa forma de actuar. El tratamiento debe ser el mismo para todos los trabajadores y debemos aplicar la normativa tanto española como europea. 

P.- ¿Cree que en la actualidad existe más fraude laboral o se persigue más consiguiendo que este se rebaje?
R.- El fraude laboral ha existido y sigue existiendo, y ahora con un mayor riesgo. A la pequeña y mediana empresa le cuesta mucho pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores y pagarles las nóminas. Muchos son autónomos y les cuesta mucho sacar de ese sueldo una nómina y para pagar seguros sociales. No tienen medios para poder subsistir y lo que hacen es contratos en fraude de ley. Se trata de contratos por menos horas cuando en realidad el empleado trabaja una jornada completa. El contrato, tal vez está hecho por dos horas pero la persona trabaja ocho, y la Inspección de Trabajo tiene una lucha constante contra este fraude. Para ello se han incrementado los controles y, por ejemplo, el trabajador tiene que firmar cuanto comienza su jornada y cuando finaliza. 

P.- Entonces, como comentaba, la solución pasaría por que el rasero fuera distinto para las empresas grandes y para las pequeñas o incluso los autónomos...
R.- Sí. Aunque no se puede comparar con lo que sucede en España, cuando Berlusconi gobernaba en Italia cambió el rasero entre empresas de más de 25 trabajadores y de menos. Se dio un tratamiento laboral distinto, sin ser tan riguroso para las pequeñas empresas. Esto llevó a que se creará mucho empleo porque los pequeños empresarios, o autónomos, en muchas ocasiones no pueden tener una persona a tiempo completo aplicando toda la normativa laboral, en materia de prevención, seguridad o convenios. Por eso, habrá que cambiar la normativa para que el empleado tenga un trabajo digno, pero sin que suponga un quebranto para el empleador. Habrá que buscar fórmulas para que el tratamiento laboral sea distinto para empresas de menos de cinco trabajadores y más de cinco. 

P.- ¿Qué retos tiene por delante la profesión de Graduado Social?
R.- Profesionalmente hemos llegado a nuestra cúspide en lo que se refiere a asesoramiento, la gestión, el ámbito laboral... además conseguimos no hace mucho poder firmar y hacer recursos de suplicación a los tribunales superiores de justicia, que curiosamente sólo pueden hacer ahora los abogados y graduados sociales. Por eso, el último reto que tenemos pendiente es poder presentar los recursos de casación en el Tribunal Supremo, que lo estamos negociando, y también queremos entrar en el turno de oficio. No tiene razón que un profesional de derecho, igual que el abogado, no cobremos por el turno de oficio. Esa figura no se contemplaba antes, pero ahora sí y estamos pendientes de negociaciones con el Ministerio de Justicia, y tenemos que ponernos de acuerdo con el colectivo de abogados. 
Además estamos pendiente de establecer un acceso a la profesión. Hay profesiones como la de abogado que, para ejercer, por ejemplo en el turno de oficio, se debe pasar por un curso. Ese sistema queremos implantarlo para los graduados sociales para que la gente que vaya a ser pagada por el Estado, tenga acreditada una preparación y una experiencia para poder llevar adelante un pleito. Esta sería la tercera meta importante porque en el ámbito universitario lo hemos conseguido todo.