El pasado 11 de Septiembre comparecí en la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio del Parlamento de Andalucía, en mi calidad de Presidente de la Asociación Española de Graduados Sociales Autónomos (AEGA), junto a otros agentes sociales y organizaciones sindicales y empresariales interesados todos en la redacción del Proyecto de Ley de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, que los grupos políticos están debatiendo en el Parlamento de Andalucía, que deriva del Decreto Ley 2/2015, de 3 de Marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, que fue publicado en el BOJA nº 48 de 11 de Marzo de 2015. Todo ello, dentro del trámite de iniciativa legislativa.
En mi intervención reclamé “credibilidad” en el sistema público andaluz de ayudas que fomenten la generación de empleo, un factor del que, ahora mismo, adolece, debido a la tardanza con que se resuelven los expedientes de empresas que solicitan subvenciones a la creación de puestos de trabajo y la posterior falta de recursos económicos para abonar las cuantías aprobadas, además afirmé que “quienes crean empleo son las pequeñas y medianas empresas”, y que esta palanca se tiene que aprovechar creando un sistema público de ayudas que reúna una serie de condiciones: en primer lugar, que sea “creíble”; en segundo término, que exista un nexo de comunicación fluida entre colectivos como los Graduados Sociales, en su condición de asesores jurídicos de las empresas, y la administración, para que exista fluidez en los trámites de ayudas. Y, en tercer lugar, que se elimine la “ambigüedad” y “duplicidad” de leyes estatales y autonómicas que, en ocasiones, generan “confusión y contradicciones”, pues no se puede legislar mirando sólo a una Comunidad Autónoma cuando existen leyes estatales que prevalecen en su contenido a muchas iniciativas como esta, recordando el PLEMCA y las ATIPE.
Alerté ante los parlamentarios de la comisión a que se vigile la mala praxis de aquellas ayudas que se contemplan para alumnos en prácticas, en forma de becas, “porque no son trabajadores y su situación y funciones tienen que estar muy delimitadas” y reclamé, por último, una mayor representatividad en los foros pertinentes de los autónomos que ejercen profesiones liberales, pues “47 figuras profesionales están obligadas a ser trabajadores autónomos, además de pertenecer a corporaciones de derecho público como los colegios profesionales, por lo que es muy importante que también estén representados, ya que, además de trabajadores, son empleadores”,. Hice hincapié, igualmente, en la creación de empleo ficticio por parte de los Ayuntamientos para trabajadores en exclusión social que no es ni más ni menos que una filiación temporal para luego percibir las prestaciones de desempleo y todas aquellas que derivan de estas altas, entendiendo que ello es un fraude de ley para la obtención de prestaciones y no son competencias éstas de los Ayuntamientos, pues se está ante una competencia impropia de las Corporaciones Locales.