Estamos acudiendo, de manera incontrolada, a una situación pandémica, tanto en la salud como en la democracia, pues la modificación que el Congreso de los Diputados quiere llevar a cabo para que se tramite la reforma acelerada del Consejo General del Poder Judicial vulnera claramente la separación de poderes y así lo ha advertido el Poder Judicial a la Mesa del Congreso. Dicho Consejo no es un órgano caprichoso como muchos políticos así lo creen, pues prescindir de la opinión de estos para tramitar una reforma es tan grave como orillar a este Poder al ostracismo y tenerlo como un objeto más que entra en vaivenes en función del color de quienes en el Parlamento legislan.
Esta tramitación para reformar el Consejo General del Poder Judicial, de manera urgente, atenta peligrosamente contra el principio de separación de poderes. Los Jueces son independientes y esa es la garantía del justiciable, pero querer someterlos al mandato del legislativo o del gobierno de turno tiene parámetros de repúblicas bananeras y España, por suerte, se encuentra dentro del Consejo de Europa.
Es hora de que el Estado de Derecho reaccione, y lo digo en la parte que compete a quienes formamos parte del mismo, pues así lo establece el artículo 122 de nuestra Constitución, por lo que la preocupación que muestran los vocales de este órgano es extensiva no sólo a los profesionales del Derecho, sino a la sociedad civil en general. La Mesa del Congreso tiene que velar por sus competencias legislativas, pero siempre y cuando oiga previamente a quienes tienen la capacidad de que en defensa de sus derechos no se pueden alterar instituciones consolidadas y que en la práctica habitual no están sujetas arbitrariamente, como en este caso, al Poder Legislativo.
La autonomía parlamentaria no es legislar airosamente y sin sentido ni aprovecharse de la coyuntura revanchista para hacer un daño directo a quienes aun cuando están en funciones son legítimos miembros del Poder Judicial. El principio ético, moral y responsable de un parlamentario es votar, previo estudio, aquello que sea en beneficio del interés general y quien escribe, legislador en la Cámara Alta durante 12 años, siempre tuve el convencimiento de que la negociación, el escuchar a otros y el reconocer sus competencias me hacían simplemente ser el vehículo para reformar y perfeccionar las leyes, pero no para extorsionarlas y, de manera sectaria, querer apartar de sus competencias a quienes tienen un poder determinado por nuestra Constitución.
Lo que viene ocurriendo para que el Consejo General del Poder Judicial en funciones se le recorten competencias tiene el nombre de revanchismo político, porque un determinado Grupo Parlamentario exige, en esa mayoría cualificada que hay que tener para este tipo de reformas, contar con la parcela que le corresponde, pero querer romper las reglas del juego y lo que es peor romper a las instituciones como es el Poder Judicial puede tener consecuencias muy graves, porque silenciar al Gobierno de los Jueces no tiene sentido solo y por el simple objeto de dejar patente el poder que por ser Gobierno se tiene, quien curiosamente olvida sus limitaciones y sus responsabilidades, ya que gobernar en democracia arbitrariamente se asemeja a una dictadura.
Malo y grave es este atentado a quienes quieren la separación de poderes y peor es rechazar en la Mesa del Congreso la petición de los Jueces como a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), así como a todos los que se les concede audiencia para que pueda informar sobre este espinoso asunto. Y más cuando es preceptivo, aunque no sea vinculante, pues eso demuestra y pone de manifiesto lo que significa el saber escuchar.
Así no se puede ir, pues el enfrentamiento de poderes es aún peor que no reconocer su separación. Las consecuencias son de inseguridad, de menosprecio, de falta de ética y descontrol de valores, lo que puede acarrear a esta España democrática un apercibimiento sin precedentes de esa Europa democrática en la que estamos inmersos. Este movimiento absurdo terminará en otras instancias, como así se atisba y se prevé y si luego no gusta las decisiones o resoluciones posteriores es cuando quien inició toda esta movida no sólo se avergonzará de ello, sino que habrá fracasado en un intento de romper pilares de la democracia.