El pasado día 13 de Diciembre, el Ministerio de Igualdad ha dictado una resolución, por parte de su Secretaria de Estado, contra la violencia de género publicando el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, donde se relacionan las acreditaciones que dan lugar a las situaciones de violencia de género, algo que cualquier profesional del Derecho le chirría, pues el Ministerio de la Sra. Irene Montero determina que las mujeres serán víctimas de violencia de género aunque el acusado sea absuelto. Esto, ya rompe todos los esquemas de la seguridad jurídica y en especial, lo que debe dominar toda norma en un Estado de Derecho como el nuestro.
Leer el BOE ya no ofrece ninguna garantía, pues como el papel todo lo admite, se vuelca sobre el mismo todo aquello que se considere por un Ministerio como este, el cual debería desparecer por su coste y porque debe estar integrado en otro con mayor capacidad y defensa de los ciudadanos. Ver las situaciones en las que cabe la solicitud de la acreditación administrativa de las situaciones de violencia de género no ofrece más que inseguridad y desasosiego, pues la violencia de género está perfectamente tipificada y contra la que no tengo objeto de oposición y, por supuesto, aquellas mujeres que están rodeadas de cualquier atisbo de esta violencia, debe tener una protección totalmente clara y contundente contra el acosador o acosadores que pretendan violar la norma, pero no cabe duda que la mujer que ha denunciado un acoso y éste fuese sobreseído o archivado por un Tribunal y el acusado fuese absuelto o bien no se llegó a demostrar la existencia de la violencia a la mujer, se le califica también a ésta como víctima de violencia de género, lo que jurídicamente es improcedente.
En este texto aparecido en el BOE se declara explícitamente que la violencia por razón de género que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo constituye una clara vulneración de sus derechos humanos y una discriminación contra las mujeres que obliga a los poderes públicos a adoptar las iniciativas y medidas necesarias encaminadas a su eliminación, así como a la protección y atención de sus víctimas. Lo más curioso es cuando se llega al apartado segundo de estos procedimientos, donde se especifican las situaciones en las que cabe la solicitud de la acreditación administrativa como tales víctimas de violencia de género, donde se incluye a aquellas que se encuentren en proceso de toma de decisión de denunciar o víctimas de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído y lo más alarmante es cuando se refieren y transcribo literalmente a las víctimas con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por prescripción, muerte del penado, cumplimiento de la condena, entre otras causas u orden de protección que haya quedado inactiva (las medidas impuestas ya no están en vigor), por sentencia absolutoria o cualquier otra causa que no declare probada la existencia de la violencia, así como víctimas a las que se hayan denegado la orden de protección, pero existan diligencias penales abiertas, y por último, cuando existan antecedentes previos de denuncia o retirada de la misma, lo que determina que con los simples indicios ya es suficiente para acreditar sin ningún otro título esta situación.
Lógicamente, las denuncias falsas van a correr como la tinta, pues esto desiguala a las verdaderas víctimas, ya que no van a gozar de discriminación positiva alguna, pues es injusto e imprudente que las denuncias cuando sean falsas, aplicando el uso indebido del Derecho para beneficiarse e incluso para agilizar divorcios, van a resultar llamativas y aberrantes, pues en este boletín pese a que exista una sentencia absolutoria a favor “del maltratador” se podrán beneficiar de las ayudas sociales todas las víctimas denunciantes, suponiendo no solamente una guerra de sexos, sino una desigualdad de las más importantes que se darán a partir de ahora.
Con todo esto, rechazo plenamente la situación de violencia de género que tenemos en nuestros días, pues aunque en este año hemos alcanzado la cifra más baja desde el 2003, es injusto seguir con un número tan alto como tenemos hoy, de 37 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y esto hay que afrontarlo con toda dureza y siempre con medidas que den un resultado para su eliminación y, por supuesto, valorar el pacto alcanzado para garantizar a estas mujeres atacas por esta lacra que no cesa, su prestación y ayuda adecuada para poder sostener la carga que conllevan, pero entiendo que si no se demuestra y se acredita la violencia que es lo que hay que perseguir seguro que los tribunales y la jurisprudencia también operará en favor de la presunción de inocencia y hoy aunque no guste y se oculte, también existen muchas denuncias falsas que con este sistema va seguir una línea ascendente para cobrar prestaciones cuando no exista maltratador o cuando los tribunales ni siquiera lo hayan probado. Creo que lo que no se puede es ampliar la desigualdad, cuando ese no es el tema de fondo y legislar de forma populista y creyéndose que con ello se arreglan los problemas, estamos ante un gran error y el tiempo y los tribunales dirán cómo termina todo esto.