Desde el mes de septiembre ya se veía venir que el IPC, de forma desbocada, se convertía tras más de una década en la estrella negra de la economía española para el 2022. Hoy, ya somos conocedores de que el 6.5% del IPC se ha desbordado en parámetros casi inusuales en los últimos doce años y que la inflación hunde un 45% la capacidad de ahorro de todos los españoles. Tenemos que afrontar salarios por convenio colectivo que en muchos casos suben 5 puntos menos que el último dato de la inflación, pues si bien el IPC se ha centrado en bienes cuyo consumo era casi inevitable, la situación económica llega a tal límite donde miles de españoles mantienen casi un billón en euros en depósitos sin remuneración, por lo que los salarios prácticamente se van a estancar y la inflación ha convertido en amenaza el poder adquisitivo de la familia. Los precios estaban ya subiendo con fuerza imparable desde hace varios meses y el IPC interanual, que creció un 5% en la zona euro, en España precisamente se ha centrado en el 6,5%, principalmente por el coste rígido de la energía que complica aún más, si no hay alternativas, para sustituir la subida histórica de la misma.
El mantener unos salarios estancados mientras que la inflación sube aunque la remuneración de los trabajadores suela ir detrás de los precios, obligará forzosamente a que también los salarios tengan que subirse con incrementos inesperados, pues en miles de convenios donde la media de éstos subieron un 1,47% hasta Diciembre de 2021, no cabe duda que el cierre del año con el 6,5% ha producido la tasa más alta en 29 años. Muchos convenios colectivos poseen cláusula de salvaguarda, lo que hace según el Banco de España, que los salarios tardaran en adaptarse a la inflación, pero no todos poseen dicha cláusula, lo que aproximadamente un número muy elevado de trabajadores no podrán mantener el poder adquisitivo de sus salarios. El IPC también ha traído subidas en las pensiones, pues en el 2022 la subida será de un 2,5% para las pensiones contributivas, es decir, que se corresponde con el crecimiento medio de los precios en 2021 y un 3% para las pensiones mínimas y no contributivas, por lo que este compromiso de revalorización con el IPC se hará efectivo todos los años a partir de ahora, lo que en definitiva hace que el 1 de Enero de cada año, las pensiones suban y aumenten el IPC del año anterior para garantizar así su revalorización, pero precisamente, ¿cuántos millones va a costar a las arcas públicas tantísimas pensiones que, aproximadamente son de nueve millones de personas, las que van a tener ese incremento?. Por tanto, seremos conscientes los españoles que el Sistema Público de Pensiones también lleva un camino desbordado, pues aun cuando nos parezca poco la subida, no cabe duda que para sufragarlas aún no han encontrado la fórmula adecuada para su amortización anual y la Seguridad Social, sin cotizantes va camino de despeñarse y en este pasado 2021, por el temor al recorte de pensiones, las jubilaciones y prestaciones de la Seguridad Social se han disparado, adelantando así mayores pagos y mayor endeudamiento. Con todo lo expuesto, tenemos que plantearnos cómo se pueden preparar las organizaciones, patronales y empresas para hacer frente a los incrementos salariales que van a suponer las cláusulas de garantía en tantos convenios colectivos, pues en muchos de ellos tiene carácter retroactivo desde 1 de enero de 2021, lo que este impacto de subida y con esta aparente reforma laboral que aún está en el limbo, veremos si el aumento del desempleo y los despidos no nos vuelven a jugar una mala pasada, pues las tablas salariales de muchos convenios para el 2022, con respecto a los convenios del 2021, es una incógnita que con un 6,5% de IPC traerá conflictividad y no olvidemos si hay que actualizar el 1 de Enero de este año la diferencia del IPC real cuando en muchas clausulas dicen que se abonaran cuando superen el 1,75%, es decir, que al menos el 5% será una espada de Damocles que nos va a caer de lleno.
El Gobierno ha hablado poco de esto, porque aparentemente la responsabilidad de la subida salariales y por consiguiente las cotizaciones caerán sobre los empleadores y lógicamente aquí en el conjunto económico de todos los españoles, la inflación hace que la capacidad de ahorro, como he dicho antes, se hunda en un 45%, lo que hace que nos venga un endeudamiento excesivo que limite el acceso al crédito, provocando en resumidas cuentas un crecimiento de la pobreza y obligando a una subida de impuestos inesperados que en el 2022 no vamos a saber por dónde nos vienen, pues si de la electricidad y su aumento desmesurado de la factura se le echaba la culpa a Rajoy, en otros tiempos con una subida de un 4%, cómo callan ahora todos cuando esta subida, pese a las medidas coactivas impuestas a la eléctricas supera el 300%. Hay que tener mucha desvergüenza para saber dónde está el cáncer de la subida interanual del IPC y mirar para otro lado.
El mundo del trabajo aún no ha despertado por culpa de la pandemia y parece como si esta fuera la culpable de todo, pero nos hemos dado cuenta que estamos ante la peor plantilla de gestores que España ha tenido, pues entre Ministerios huecos y llenos de inoperancia y algunos que ni se les ve, esto lleva un camino inflacionista que veremos quién lo arregla. Pronto tendremos huelgas sectoriales por el desfase de la inflación y pronto el endeudamiento de España, con la mayor tasa de desempleo de Europa, no tiene fórmulas de arreglo, pues las trabas que la posible reforma laboral trae consigo no nos dará más que conflictos, litigiosidad y aumento de correcciones jurisprudenciales porque con la inflación y este IPC que el Gobierno silencia, el follón está servido.
Si esperamos que los Fondos Europeos nos arreglen este desaguisado, estamos totalmente equivocados. O se les hace caso a los tecnócratas y se distribuye la carga de obligaciones de manera equitativa, o desgraciadamente, el empobrecimiento de las clases medias y de las pequeñas y medianas empresas hará que saquen pronto del certificado de defunción económico y cierre por quiebra.