El pasado 1 de Marzo se publicó la Ley 4/2022, de 25 de Febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Una ley que si bien sustrae del artículo 51.1 de la Constitución la obligación que tienen los poderes públicos en defensa de los consumidores y usuarios, ha querido aprovechar para incluir tanto en el preámbulo de la misma como en su disposición adicional tercera el malestar y denuncias de las personas vulnerables frente al desprecio de las entidades bancarias en el trato con ellas para promover una serie de requisitos que no tienen ni fecha ni plazo y que todo queda a una futura coordinación con entidades como el Banco de España o Correos y Telégrafos, S.A.. Es decir, de forma contundente, se habla de favorecer a las personas más vulnerables y aquellas de mayor edad con unos requisitos que son totalmente imprecisos y que a la postre es una refriega de vaselina para que quienes ya vienen sufriendo por ser vulnerables se crean lo que aquí se dice.
Es curioso que esta ley recoge que el cierre de las oficinas bancarias no debe llevar emparejado el cierre de sus cajeros externos, algo que hoy no se da en ninguna entidad bancaria. Manifiesta un mayor incremento del personal para apoyar a las personas con menores capacidades digitales, para realizar las operativas necesarias. Como se ve, nada de nada y todo queda a que alguien pueda ayudar a que algún mayor que entra en una entidad financiera como el “Llanero solitario” le digan en qué ventanilla puede ser atendido o bien le interroguen sobre todo el proceso que quiera llevar a cabo en esa entidad. Es decir, un interrogatorio completo que en la práctica ni se hace con agrado ni se respeta al mayor y lo que es peor, ¿cómo se demuestra que esas personas poseen menores capacidades digitales?. Siguiendo con el relato, obligan a instalar señales e indicaciones de prioridad en el uso de los cajeros automáticos por parte de personas vulnerables, es decir, que en la cola de un cajero situado en la vía publica habrá que preguntar quién conoce o no la digitalización para llevar a cabo operaciones y en ese revuelo de personas alguno dirá que es él, cosa inviable y de mal gusto, porque en una vía pública este tipo de medidas lo que puede dar lugar es a enfrentamientos personales o a poner en cada cajero un vigilante que tome el pulso digital de quien se pone en la cola. Por eso, ante esta inseguridad, la propia Ley dice que se promoverá la reserva de cajeros para estas personas. Eso de promover me suena, como siempre ha ocurrido, a no hacer nada.
Después, curiosamente la propia ley habla de máxima seguridad para proteger a los usuarios bancarios de robos, engaños y estafas on line. Una vez más, todo queda en buenas intenciones, pero no dice que esa máxima seguridad es sólo una buena intención del legislador sin ir más allá, porque claro, todo se queda para regularlo posteriormente. Es más, dicha Disposición Adicional Tercera, se limita a establecer que el Gobierno todo esto lo promoverá en coordinación con el Banco de España como supervisor y especialmente, para favorecer la inclusión de las personas vulnerables y aquellas de mayor edad, sin que en ningún momento regule ni la edad, ni quiénes son los mayores, Es decir, un claro papel mojado para contentar al vecindario.
Todo esto que ha sido una respuesta sibilina a D. Carlos San Juan, valenciano de 78 años que colgó en la plataforma “Change.org” la campaña de “no soy idiota, soy mayor” y recogió más de 140.000 firmas para sensibilizar a los bancos del maltrato que hacen apartar a los mayores por no entender la tecnología, pues todos somos conscientes de cómo mucha gente, después de hacer una cola, se han ido sin llevar a cabo la oportuna operación, porque nadie quería atenderlos. Y no hablemos de los horarios, que eran limitados e inhumanos, en especial, con los más vulnerables que han aguantado colas de frio y agua cuando tenían un derecho preferente a que se les tratara con dignidad.
Pues bien, el Ministro de Consumo, después de haber confeccionado un proyecto de ley de mucha literatura y haber realizado un preámbulo en la ley lleno de promesas y expectativas huecas, ha querido incluir a los más vulnerables y mayores que como bien ha dicho Carlos San Juan no son idiotas y únicamente tienen la experiencia de ser mayores.
Esperemos que el desarrollo de la ley regule con claridad meridiana a estas personas que toda una vida han trabajado y han entregado sus mejores momentos para la sociedad civil, pero que ahora la tecnología y las distintas aplicaciones informáticas no les dan cabida por tener más edad.
Y, por último, decirle al redactor de la Ley y, por tanto al legislador que no solo los bancos y entidades financieras maltratan a los mayores, porque las administraciones ya han cogido el mismo camino y para cualquier documentación o trámite que alguien necesite de ellas, todo es por vía telemática, olvidándose que la administración está al servicio del administrado, lo cual es un derecho y una obligación y no como hoy ocurre en España que el administrado está al servicio de la administración.