En estos días, el Presidente del TSJA, ha presentado la Memoria Anual del 2021 referida a dicho Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Andaluza, Ceuta y Melilla, donde nos participa que durante dicho año se ha recuperado el volumen de litigiosidad previo a la pandemia, con un 12% más de asuntos que en el 2020, es decir, que hemos sobrepasado 1,2 millones de asuntos la sobrecarga que los Juzgados y Tribunales poseen, en especial la Jurisdicción Social, Civil y Penal. Dicho así, posiblemente a la sociedad civil en su mayoría, le traiga sin cuidado, porque la Justicia ni da votos a los políticos, sino más bien los pone a algunos contra las cuerdas, porque sus resoluciones es como si se mentara “la soga en casa del ahorcado”, ni interesa a nadie como no se vea afectado o investigado por ella.
Olvidamos que la Justicia maltratada como así lo está y con un sistema anticuado para su uso, no prestigia a uno de los tres poderes del Estado, porque no existen instalaciones adecuadas y para colmo, la disciplina que pueda existir en cualquier empresa en cuanto a horarios, fechas, plazos, etcétera, casi nunca se cumple. No olvidemos que los profesionales del Derecho tenemos tal responsabilidad dentro de los plazos procesales que de no cumplirlos, nos puede costar no solo una sanción, sino un perjuicio económico considerable y lo que es peor, la pérdida de nuestra profesionalidad y el desprestigio por no haber cumplido con un deber inexcusable. Sin embargo, en la mayoría de los Juzgados, los plazos existentes para dictar resoluciones judiciales, con poner la coletilla que “debido a la sobrecarga que se posee en este juzgado no se resuelve en su plazo”, ya están más que justificados, lo que pone de manifiesto la tardanza y en muchos casos, la dejadez de no tener el compromiso de cumplir con las fechas, lo que me recuerda lo que dijo Séneca hace más de dos mil años: “nada se parece tanto a una injusticia como una Justicia tardía” y esto en pleno siglo XXI sigue siendo de escandalosa actualidad.
En nuestra Comunidad Autónoma Andaluza, como en muchas otras, existen transferidas las competencias en la materia de Justicia y ello hace que dentro de los tribunales existan tres mandos para gobernar el sistema. Tenemos a un Magistrado-Juez que depende exclusivamente del Consejo General del Poder Judicial, a un Letrado de la Administración de Justicia (antiguos Secretarios Judiciales), que dependen del Ministerio de Justicia y a todo un “ejercito” de funcionarios que junto a los inmuebles, material fungible, instalaciones, etc., dependen de la Comunidad Autónoma. Es como si un barco fuera con tres capitanes y cada uno navegara por sitios distintos, lo cual pone de manifiesto el desastre que esto supone y no hablemos de la pandemia, porque se ha sufrido por el justiciable lo insufrible, con juicios telemáticos donde muchos de ellos tenían que haber sido anulados por su falta de rigor y por la inseguridad a que ello se prestaba.
Hasta aquí este mal endémico, que es reclamado año tras año a los poderes legislativos y ejecutivos, sigue dormido en el sueño de los justos, pues también es cierto que se trabaja en deficientes y atrasados Juzgados e inmuebles a los que nadie les pone solución y cuando se inauguran los nuevos ya están obsoletos. Por eso, comparto cuanto expone el Presidente del TSJA que cada vez que presenta la memoria anual tiene que hacer “de tripas de corazón”, porque no sabe cómo trasladar a la sociedad las deficiencias, carencias e inoportunas tardanzas para que el sistema judicial funcione, ya que buscar alternativas para ello, se hace difícil, pero si en su mano estuviesen esas decisiones, a lo mejor, otro gallo cantaría, pues ver hoy a Jueces, Magistrados y operadores jurídicos haciendo de pedigüeños para que nos den medios para las sedes judiciales y disminuir en lo posible la litigiosidad, es algo imposible y de difícil curación. Pero, todo el mal tampoco está ajeno a la Justicia y a sus operadores, ya que no podemos olvidar que mucha de la lentitud que algunos tribunales poseen es por la falta clarísima de especialización que se tiene para ser titular de un Juzgado. Y aquí, me quiero parar en la Jurisdicción de la que soy profesional, con más de 52 años de experiencia, como es la Jurisdicción del Orden Social. Estos Tribunales llamados de lo Social, que procedían de las antiguas Magistraturas de Trabajo estuvieron en manos de auténticos expertos y conocedores del sistema jurídico laboral y de la Seguridad Social. Hoy, esto no es así; Jueces que por no alejarse de su domicilio habitual y donde tienen hecha su vida en sociedad se adscriben a esta Jurisdicción sin conocerla y sin haberla tratado nunca, pues al igual que en la medicina existen médicos especialistas y adscritos de por vida a su especialidad, aquí debería ocurrir lo mismo. Para ser Magistrado de lo Social y concretamente especialista en ello, tiene que haber nacido en este mundo complejo, haberlo vivido durante años y haber practicado su larga carrera en todo el controvertido mundo de las relaciones laborales y así llegar, como los hay y por cierto muy documentados, hasta el propio Tribunal Supremo, donde en la Sala Cuarta y en las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, concurren Magistrados y Magistradas de reconocido prestigio que son brillantes en sus ponencias y deliberaciones, pero un Juez de instrucción o de la Jurisdicción Penal que solicite un Juzgado de lo Social, sin conocer la Jurisdicción y ni haberla estudiado en sus oposiciones, y que dicte sentencias sin ser especialista o tener experiencia en esta Jurisdicción, hace un flaco favor a la Justicia en su conjunto, como también y por extensión ocurre en lo Contencioso Administrativo y en alguna otra donde sus titulares adolecen de formación. Por ello, esa cantidad de sentencias puestas por Jueces sin experiencia y sin conocimientos de la materia, no solamente alargan la sobrecarga en el trabajo, sino que el justiciable se ve abocado a una carrera de recursos que hacen un daño irreparable. Ya es hora de que se conozca el número de sentencias revocadas y anuladas que muchos juzgados de primera instancia poseen, cosa que no se sabe y eso le daría una calidad a la Justicia de excelencia, pues como símil podríamos decir que si en una empresa un gerente no lleva bien la dirección de la misma se elimina y se contrata a otro, lo que por tanto en la Justicia que estamos ante funcionarios públicos que pagamos con nuestros impuestos, debe seguirse el mismo camino, porque el ser independiente no es tener patente de corso y saber de todo, pues al final de termina siendo el “maestro liendres”.