Nuestra Constitución regula en su artículo 36 las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, siendo su estructura interna, así como el funcionamiento de éstos de carácter democrático, los cuales como tales Corporaciones de Derecho Público se encuentran en la actualidad regulados por una serie de disposiciones dispersas y de distinto rango, por lo que hay que destacar y definir que estas Corporaciones tienen un carácter de cauce orgánico para la participación de sus miembros en las funciones públicas de carácter representativo y demás tareas de interés general, siendo sus fines esenciales la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, estando obligados a defender sus competencias profesionales y la de sus colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.
El carácter democrático de los Colegios es incuestionable y, por tanto, son indispensables para el desenvolvimiento de la sociedad actual que lo regula la Ley sobre Colegios Profesionales y cuanto al respecto han articulado los Parlamentos Autonómicos, en relación con las Comunidades Autónomas. Por eso, los Colegios y los Consejos Autonómicos y Generales se autoabastecen de sus cuotas colegiales y, por tanto, las Administraciones injustamente no aportan un solo euro para el desenvolvimiento de éstos y sorprende que la exigencia a todos los profesionales se hace cada día más severa, donde los sistemas telemáticos han invadido como no puede ser menos en los tiempos que corren, a toda profesión colegiada con un coste para éstas que ha aumentado porcentualmente en pocos años en más de un 300% en plataformas, sistemas telemáticos, empleados, y todo aquello que se ha ido exigiendo por las administraciones para poder relacionarse con éstas y estar más cómodas las mismas al recibir periódicamente y diariamente toda la información que necesitan y que se le haga llegar por imperativo legal, impuesto todo por quien gobierna en el BOE.
Los Colegios Profesionales dan un servicio a la sociedad que nunca estará bien reconocido, pues como estos tienen contraprestaciones de sus representados o clientes, ya se considera que ello es suficiente y no es así. Todos los colegiados de cada respectiva profesión no poseen la misma línea de gastos e ingresos que los de mayor antigüedad, pues en los Colegios existen jóvenes recién incorporados, que no sólo tienen que reciclar sus conocimientos a diario, sino enfrentarse a la lluvia de la diarrea legislativa que el Gobierno de turno les hace sobrellevar para que estas lo tengan más cómodos, pues el tener que relacionarse los profesionales con las administraciones por vía telemática ha hecho muchas veces y lo sigue haciendo que exista un muro de silencio entre ambos, donde no se le dé soluciones a nada y, desgraciadamente, ese silencio los haga cada vez más lejanos de sus facultades y relaciones con la administración.
Sin embargo, el agravio comparativo es manifiesto cuando comprobamos que recientemente el Gobierno ha subvencionado con 40 millones de euros a Sindicatos de clase o no de clase, así como a las organizaciones patronales y autónomos, los cuales tienen una subvención directa de los Presupuestos Generales del Estado, cantidad que porcentualmente se ha incrementado en más de un 10%, comparado con años anteriores, cantidad que es nueve veces superior, por ejemplo, a la subida porcentual de las pensiones. No quiero entrar en comparar a los Colegios con los Sindicatos y Patronales subvencionados, pero no es de recibo que se contenten a estas organizaciones cuando todas deben subsistir de sus propios afiliados como hacen los Colegios Profesionales y no digamos cómo se reparten y trocean el dinero de todos los españoles en las diferentes organizaciones asociativas adscritas a sindicatos o a la COE. Por tanto, es hora de que las administraciones a nivel estatal y autonómico regulen fórmulas de colaboración y ayuda a todas las profesiones colegiadas, pues no voy a entrar en los gastos que tienen sindicatos o patronales con sus respectivos afiliados y en muchos casos cómo ese dinero ha sido utilizado de manera torticera, pero las administraciones deben reconocer a todas las profesiones porque están contempladas en la Constitución y deben combatir el intrusismo profesional y la clandestinidad, la formación una vez que se sale de la Universidad y potenciar de manera clara a quienes ejercen una profesión y puedan así sostener a becarios o alumnos en prácticas, pues repartir dinero a todos aquellos que muchas veces son futuros políticos de determinados partidos a través de sindicatos, es tener estómagos agradecidos para votos y componendas, por lo que se hace injusto las exigencias que los profesionales colegiados deben de llevar a cabo en infraestructuras para el ejercicio de sus profesiones y sin embargo se vuelcan con quienes no tienen otra misión que gastar el dinero que les damos todos en proyectos de millones del fracaso como fueron las viviendas de promoción social cuyas siglas fueron PSV, las cuales pagamos todos los españoles por el auténtico fracaso que hasta los propios tribunales condenaron en Sentencias.
Termino recordando que los Colegios como tales Corporaciones de Derecho Público deben ser reconocidos en todos los aspectos por las Administraciones y que posean representantes en la mayoría de órganos de decisión para que con su asesoramiento y experiencia sean consultados y tenidos en cuenta y no pensar que los Colegios Profesionales están nutridos de gente de élite, pues quien crea eso está equivocado y no sabe lo que es ser profesional, batirse el cobre en la calle, buscar clientes, pagar empleados, Seguridad Social e impuestos, porque contribuyen como el que más y tienen miles de trabajadores en sus quehaceres porque gracias a ellos la sociedad civil está más protegida, sin olvidar que hasta fiscalmente existe desigualdad, pues quienes se encuentran afiliados a un sindicato, su cuota se deduce como gasto en la Renta y hablamos de una afiliación voluntaria y, sin embargo, el colegiado que lo está voluntariamente como no ejerciente, dichas cuotas no son deducibles, por lo que aquí tenemos un ejemplo simple de la discriminación de las administraciones hacia los Colegios Profesionales.