Tras la llegada de la democracia, los distintos gobiernos, ayuntamientos y diputaciones comenzaron creando la figura del funcionario de empleo eventual, como persona de confianza para que estuviesen ayudados en materias puntuales para poder ejercer la vida pública sin tener ningún contratiempo e incurrir en ilegalidades o ilicitudes. Con el transcurso del tiempo esa figura que recaía siempre en personas de reconocido prestigio, pero que por sus conocimientos hacían viable la vida pública de muchos políticos, se ha ido desfigurando y hoy es una administración paralela la que existe, formada por personas que en su gran mayoría sólo saben cobrar mensualmente. Si miramos las plantillas de asesores contratados a dedo, hoy precisamente el Gobierno de Sanchez tiene nada más y nada menos que 1.200 asesores, lo que supone la mayor cifra de la democracia. Es decir, han colocado como personal de confianza y, por la vía del “enchufe” a personas que no han realizado ni prueba ni oposición alguna y lo que es peor, que en ellos no concurren ninguna valoración de méritos académicos o profesionales y no hablemos de los altos sueldos que éstos poseen que a veces ganan más que los propios políticos que los “enchufaron”.
Hoy, por todos los grupos políticos se tiene nombrado un “ejercito” de asesores que han aumentado desde la última legislatura a la actual en más del 27,8%. Por ello, las empresas públicas, fundaciones, mancomunidades, diputaciones y ayuntamientos, tienen tal montaje de apesebrados en esas filas del funcionario de empleo que no solamente está llamando la atención, sino que el gasto en estas personas se ha disparado y supone un incremento en las administraciones de más de 15 millones de euros en la actualidad, respecto de la última legislatura. Ello produce un sinsabor en tantos jóvenes que quieren buscar una colocación tras sus estudios, que desconcierta al más grande, pues la propia reforma laboral creada por la Ministra Yolanda Díaz ha determinado la figura del contrato indefinido y curiosamente en estos casos no existe, ya que el tiempo de duración suele ser el mandato del cargo político, la legislatura que corresponda y todo lo más cuatro años. Es decir, un desafortunado criterio que a la hora de aplicarlo a estos asesores ahí no se contempla, porque es fácil hacer la ley del embudo.
En la actualidad hay asesores, tanto en las Cortes Generales, CCAA, Ayuntamientos y Diputaciones que llevan más de 30 años ininterrumpidos, no sólo puestos a dedo, sino que en muchos casos ni aparecen por las administraciones. Algo totalmente delictivo, pues quien no da trabajo efectivo y hace una simulación de ello está infringiendo la Ley del Estatuto de los Trabajadores y curiosamente todos conocemos a asesores y asesoras que a la vez son cónyuges, parientes y amigos de quienes los pusieron a dedo que no aparecen por el “tajo” y lo que es peor, no saben ni cuál es su cometido de asesor/a.
La situación económica está camino de la quiebra, pero para estos estómagos agradecidos nadie pone pie en pared y desde los ministerios hasta la última empresa pública de cualquier ayuntamiento, las colocaciones han sido en función del amiguismo y de muchos políticos que al no encontrar trabajo cuando terminaron su mandato los han colocado de esta manera arbitraria y con el malestar profundo de toda la sociedad civil.
Ante este panorama desolador e inmoral se ha convertido la política en un trampolín de profesionales de la política que quieren vivir de nuestros impuestos y lo que al comienzo eran personas puntuales y con estudios determinados para llevar a cabo un asesoramiento necesario o gabinetes de prensa y TV, hoy ni existe asesoramiento, ni existe esa figura puntual, por lo que es tal el coste en este país de millones gastados en ineptos y en vividores que habrá que buscar fórmulas para que se vuelva a la realidad de dicha figura y que no tengamos que pasar la vergüenza de ver cómo lo atractivo para prosperar en un futuro es inscribirse en las filas de jóvenes de esos partidos, de la UGT y otras centrales sindicales y similares para enganchar una vida ilimitada a costa de lo público. Con razón muchos interinos que están en bolsas de trabajo y preparados para ser funcionarios se encuentran que quienes entraron por la vía del dedo lo ganan mejor que ellos, no dan un palo al agua y viven de todos nosotros, lo que lógicamente está creando un agravio comparativo y un plantel de vividores de lo público que en miles de casos ni aparecen por el trabajo. Este ejemplo lo tenemos en todas las ciudades de España y, por tanto, abortarlo con valentía sería una gran propuesta para quien gane las próximas elecciones y eliminar así el 80% de las personas que se encuentran como funcionarios de empleo, porque para ello están los auténticos funcionarios que ganaron unas oposiciones y no para crear administraciones paralelas que están arruinando las arcas del Estado. No puede tener un país como el nuestro 23 Ministerios llenos de asesores donde destinan para ellos más de 70 millones de euros, porque ni es de recibo, ni se puede soportar esta situación tan deprimente. Por eso, la figura del “asesor de la nada” debería estar a extinguir y nos supondrían millones de euros de ahorro en salarios, en Seguridad Social y en pensiones que todo este “ejército” ha cotizado a nuestra costa. Termino también recordando que en miles de Ayuntamientos pequeños de nuestra geografía existen acaldes y concejales que no cobran ni un euro y todo su sacrificio está en favor de esa entidad local para la que prestan sus servicios de manera desinteresada, por lo que ojalá esto fuese un ejemplo a seguir y no lo que vemos a diario que para hacerse con un sueldo lo mejor es caerle simpático y agradable a quienes mangonean en los partidos políticos y de ese modo vivir de la sopa-boba a costa de los presupuestos que pagamos todos y con muchos sacrificios, pues entre 8.131 Ayuntamientos, 38 Diputaciones, 3 Diputaciones Forales y 17 CCAA, con miles de gerentes y altos cargos en empresas públicas, en España existen más de 500.000 personas viviendo del dedazo.