Quiero trasladar, a traves de mi blog, un artículo de mi amigo Alejandro Muñoz-Alonso cuyo titulo es «Tarjeta Roja a las Tarjetas Negras», cuyo contenido me parece muy acertado y considero que hay que darle publicidad:
«TARJETA ROJA A LAS TARJETAS NEGRAS
Luis de Guindos –que ha sido y es punta de lanza en la lucha contra la crisis económica, especialmente en sus aspectos internacionales- ha dicho, a propósito del escandaloso asunto de las tarjetas “negras” u “opacas” de Caja Madrid que tal cosa “le revuelve el estómago”. No puedo estar más de acuerdo con él. Esta suciedad de albañal revuelve el estómago a cualquier persona que tenga una mínima idea de lo que es el servicio público y a mí me produce náuseas tanto la desvergüenza de quienes asignan o asignaron tales tarjetas como de sus usuarios. La fingida ingenuidad de estos últimos, afirmando que todo era legal o que, simplemente, cumplían instrucciones, me parece un eco remoto de aquellos viejos tiempos, en buena hora dejados atrás, cuando el cumplimiento de órdenes superiores pretendía justificar todos los horrores.
Hace falta tener alma de cántaro y la sensibilidad de un mosquito para hacerse el loco escudándose en un supuesto o real permiso superior para dilapidar fondos sometidos, precisamente, a la custodia de quienes hacen o permiten tan irresponsables abusos. Eso siempre es un crimen contra los ciudadanos a quienes tales personajes están obligados a servir. Y si tal latrocinio se comete en un momento en que tantos españoles han batallado y batallan contra una brutal y cruel crisis económica, se ven en esa terrible exclusión social que es el desempleo o soportan estoicamente la pérdida de su poder adquisitivo y la congelación de su salarios, entonces nos hallamos ante un crimen continuado que clama al cielo y exige una reparación plena, por muchas normas internas (¿pero pueden existir ese tipo de normas?) que se aduzcan como pretendida justificación.
Los focos de la información periodística se han fijado, justamente, en el caso de Caja Madrid que, a juzgar por esas noticias, tenía ciertas semejanzas con la cueva de Alibabá (nombre por cierto, ahora, de un exitoso fondo chino). Pero todos sabemos muy bien que el caso madrileño no es una excepción en un supuestamente plácido panorama de las cajas de ahorro. En su conjunto, las cajas han sido la parte más escandalosa del sistema financiero que, por su generalizado desgobierno, pusieron a este Ejecutivo en la necesidad de solicitar de la UE un préstamo para remediar el naufragio de estas instituciones pretendidamente “sociales”, con todo lo que eso significa. Y no se trata de salvar a los bancos, que tienen su buena parte de culpa, pero nada comparable con la caótica orgía de las cajas, a las que sus estatutos encomendaron alta finalidades de servicio a los ciudadanos, especialmente a los económicamente más débiles.
Sin más que repasar la hemeroteca, sabemos que escándalos similares se han producido en la Castilla-La Mancha de Bono- Barreda; en Cataluña, con un antiguo vicepresidente como gestor de una de esa cajas y con los nacionalistas dedicados su deporte favorito de chupar del bote a costa de los dineros públicos; en Andalucía, cortijo socialista que se transmite de una generación a otra como si nuestro sur fuera una Corea del Norte. Y no se salvan Valencia, Galicia y tantos otros casos que cuesta trabajo recordar, por higiene mental, para evitar las náuseas y el estómago revuelto. No encuentro una palabra en español (después de consultar el Casares y el María Moliner) para expresar todo lo que ha sido este desenfrenado carnaval financiero, que tanto nos ha costado. No puede extrañar que algunos españoles, ante este escándalo, se pregunten cómo es posible que quede todavía dinero en esta España que, en años pasados, antes de la crisis y durante la crisis, se ha parecido mucho a un gigantesco puerto de arrebatacapas. Las capas, por supuesto del españolito medio, arrebatadas por la pandilla de sinvergüenzas de todos los colores políticos y sindicales.
La politización de las cajas, con sus puestos para uso de políticos y sindicalistas premiados a saber por qué (pero, dada su constatada conducta, por nada noble o digno) ha sido la raíz del mal que, esperemos, no vuelva a repetirse. Las instituciones financieras deben estar regidas por profesionales de las finanzas y nunca pueden convertirse en el pesebre para pagar perrunas fidelidades políticas. Y a las personas que ocupan las cúpulas de estas instituciones tampoco pueden asignarse (o autoasignarse) sueldos escandalosos a distancias galácticas de los que trabajosamente ingresan cada mes los españolitos medios. Hace veinticinco siglos ya enseñaba Aristóteles que cuando, en una comunidad política, la distancia entre los que más ganan y los que menos ingresan, alcanza una distancia excesiva, la estabilidad desaparece y todos los males son posibles. Hace mucho tiempo que en España se perdió ese mesotes aristotélico, si es que alguna vez ha existido por aquí.
Ante la tendencia a culpar al Gobierno de la Nación por todas las situaciones que suscitan la protesta pública, conviene no perder de vista que estamos en un sistema de distribución de poderes y competencias (que, seguramente, ha ido demasiado lejos) y que conviene un análisis más fino a la hora de asignar responsabilidades. Los presidentes de las comunidades autónomas han hecho frecuentemente mangas y capirotes con las cajas de sus regiones, siempre celosos ante la posibilidad de que nadie desde instancias estatales pretenda corregirles y siempre en nombre de las sagradas competencias transferidas. Aquí por cualquier nimiedad el presidente de turno se encara con el Presidente del Gobierno en nombre de sus reales o supuestas y siempre intocables competencias: De Mas a Rivero la lista no es breve. ¿Se imagina alguien al gobernador de California o de Texas intentando plantar cara al que suele llamarse “inquilino de la Casa Blanca”? Allí todos saben que entre un gobernador de un estado y el Presidente de los Estados Unidos la distancia es galáctica. No están al mismo nivel. Algunos de estos “barones” hispanos, con o sin baronía, se parecen más a aquellos caciquiles poncios del siglo XIX que a gobernantes democráticos del siglo XXI, al frente de regiones que nunca fueron soberanas.
También ha habido un gravísimo incumplimiento de sus obligaciones por parte de algunos de los anteriores gobernadores del Banco de España, cuya acción en tiempo y forma y de acuerdo con sus competencias, habría evitado algunos de los peores males que han acompañado, cuando no provocado, la crisis económica. El actual gobernador, Luis Mª Linde, tiene las ideas claras y es de desear que habrá aprendido de esos pasados y lamentables gatuperios que nuestra más elemental higiene democrática exige que no se vuelvan a repetir.
Por todo eso tiene especial importancia la Ley de Transparencia recientemente aprobada por las Cortes (Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) por medio de la cual el Gobierno quiere dotarse –y dotar a todas las Administraciones- de los instrumentos adecuados para impedir estas formas de corrupción que han pretendido hacerse presentables. Una ley, por cierto, que no ha sido suficientemente analizada, comentada y explicada a la opinión pública por los medios de comunicación y, a cuya luz, es evidente que esas conductas a las que nos referimos serían totalmente sancionables. Si esta ley hubiera estado vigente cuando se produjeron esos escándalos, los desvergonzados aprovechados de ese desorden tendrían que devolver todo lo gastado en beneficio propio y no del servicio público. Ahora los jueces dirán la última palabra.
Las Cortes y la opinión pública deben conocer el destino exacto del último euro que figure en los Presupuestos Generales del Estado o en los de las comunidades autónomas y con el nuevo artículo 135 de la Constitución (que algunos, desde la izquierda y el nacionalismo, parece que querrían ahora suprimir o “interpretar”) debe servir para imponer orden y limpieza en el uso de los dineros públicos. Montoro conoce bien su oficio y por eso le critican. ¿Alguien cree que los problemas de este tipo que pesan sobre nosotros nos los van resolver los populismos de izquierda o de derecha que pululan por ahí para satisfacción de ingenuos y de mala-leches?
Alejandro Muñoz-Alonso»