Hoy se ha debatido en el pleno de la Cámara Alta el Proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el cual lo he defendido, como ponente, ante el resto de Grupos Parlamentarios por mi condición de Senador, quedando aprobado el mismo sin ningún voto en contra, por lo que en breve saldrá publicada la Ley en el BOE. Dicha norma pretende intensificar la coordinación en la lucha contra el fraude laboral y el empleo irregular, contemplando la creación de una nueva oficina para luchar contra el fraude, detectarlo y programar y ejecutar actuaciones de inspección y plantea también la coordinación y colaboración entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
La todavía vigente Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ley 42/1997, de 14 de Noviembre) tenía que ser actualizada para adaptarla al actual mercado laboral. Por eso, la nueva Ley aprobada, que ha sido consensuada con las organizaciones sindicales y agentes sociales, se inserta en el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno para la racionalización, simplificación y modernización de las Administraciones Públicas. Prevé, igualmente, el aumento de los recursos destinados por la Inspección a la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad laboral, para lo que se creará un grupo de funcionarios, con lo que se fortifica el Cuerpo de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social. Como datos a destacar de la Memoria que acompaña a la Ley en sus antecedentes decir que en 2014, la Inspección de Trabajo llevó a cabo 1.161.895 actuaciones; de las cuales 648.119 fueron en materia de Seguridad Social; 306.221 en Seguridad y Salud laboral; 124.382 en relaciones laborales; 34.660 en extranjería; 4.199 obstrucciones; 24.031 informes y 20.283 en materia de empleo, alcanzando el importe de las sanciones por infracciones a 330 millones de euros en dicho año.