Los recientes acontecimientos que se vienen viviendo en el mundo de la Justicia y concretamente, la situación del Cuerpo de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) es algo que roza el despropósito más llamativo de cómo unas reivindicaciones que fueron prometidas, pero no ejecutadas por el Ministerio de Justicia están desembocando en una “lucha titánica” que ya lleva tres semanas de huelga y miles de vistas que se están suspendiendo. Hoy las sedes judiciales no tienen un rumbo ni un solo mando que las oriente, que las encauce y que les dé la disciplina de lo que debe ser una administración tan importante como es la de Justicia. Por un lado, interviene el Consejo General del Poder Judicial con respecto a Jueces Magistrados, por otro el Ministerio de Justicia, con los LAJ y las CCAA que soportan por transferencias todo el entramado funcionarial, sedes judiciales dignas y el soporte económico de la puesta al día de todas ellas, por lo que donde hay tres cabezas para soportar una travesía y nadie es capitán de ese barco, el desastre está servido y el daño que se está produciendo por esa falta de unidad y entendimiento hace que cada palo aguante su vela, pero desgraciadamente no existen palos para aguantar hoy nada y tenemos un barco a la deriva donde el justiciable y los profesionales del Derecho somos los más afectados por esta falta de rigor.
No se puede olvidar la acumulación de papel que pesa en todos los órganos jurisdiccionales, tanto en el Tribunal Supremo, TSJ y llegando hasta el último juzgado de nuestra geografía, por lo que la falta de jueces y magistrados por un capricho del Gobierno de no renovar las vacantes producidas está haciendo un daño que es incalculable y si las sedes judiciales que dependen de las CCAA están algunas en un estado lamentable, tanto por su ubicación como por su antigüedad y no saben estas CCAA cumplir con esas competencias porque los presupuestos de algunas de ellas no les da para mantener estas obligaciones debieron pensar antes de aceptar esas transferencias de Justicia si podían sostener su coste. Y ahora, nos encontramos que en una legítima reivindicación de los LAJ que comenzó una huelga indefinida el 24 de Enero pasado, está produciendo estragos no sólo para el justiciable, sino para los propios profesionales del Derecho que al no tener contenido de trabajo se está jugando también con el papel de estas familias de quienes dignamente dirigen sus demandas y recursos, porque se calculan que en estos momentos con los paros que se han llevado a cabo se han suspendido cerca de 150.000 vistas y juicios, lo que tendrá un efecto multiplicador para recuperar una actividad que ya estaba quebrada que no tendrá parangón alguno, porque no olvidemos que los LAJ están suspendiendo con sus paros más de 10.000 vistas en todas las jurisdicciones cada día, que van desde despidos, reclamaciones de cantidad, pensiones, y todo aquello que de forma directa quebranta la economía de los más débiles, Es decir, existen menos sentencias, más esperas y acumulación de pleitos en el Supremo que nunca y no olvidemos el daño que se está produciendo en la Jurisdicción Penal donde los investigados están en el filo de la navaja pendientes de resoluciones que nunca llegan.
Todos los operadores jurídicos estamos pidiendo un entendimiento que ponga fin a esta huelga y no solamente lo dicen los abogados, graduados sociales o procuradores, sino los propios Presidentes de los Tribunales Superiores están rogando que se reanude la actividad judicial porque de seguir así no habrá forma humana de poder encauzar a esta justicia que como se ve cada día es un dragón de tres cabezas.
Desde luego, dejar de efectuar más de dos millones de notificaciones como viene ocurriendo es algo demencial, pues el derecho de algunos como es el caso de estos LAJ y que vuelvo a incidir en la razón que llevan, no es justo que lo estemos pagando el resto de los profesionales y justiciables, ya que también el derecho de unos no debe entorpecer el derecho de otros, por lo que más que nunca esta huelga que se está viviendo ha puesto de manifiesto que este dragón de la Justicia tiene que renovarse en su integridad, buscar nuevos parámetros, poner medios para su funcionamiento y pagar también a quienes tengan mayores competencias, pero inhibirse y dejar que se pare todo un aparato entero como está haciendo el Ministerio de Justicia es de una gran irresponsabilidad y en especial de quien le corresponde poner no palos en la rueda, sino poner voluntad de diálogo abordar un conflicto con entereza y responsabilidad que es lo que precisamente no ha hecho el Secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, pues no cumplir con los acuerdos cerrados es provocar estas reclamaciones que no sabemos dónde nos llevan y cómo vamos a terminar.
En resumen, como esta situación continúe por más tiempo y no se hagan los esfuerzos para ese entendimiento, estaremos ante un daño irreparable no sólo de graves consecuencias, sino de falta de credibilidad en un Estado de Derecho y sobre unos de los pilares que dan garantía y seguridad como es la Justicia.