España viene aprovechando los enormes recursos que la Unión Europea ha puesto a su disposición para llevar a cabo una propaganda desmesurada de regalar a diestro y siniestro millones de euros, que ni siquiera los tenía asegurados porque ni sabe aprovecharlos ni conoce la ejecución de esos fondos estructurales, pues somos el último país de la Unión en no discernir cuanto se nos asignó y tenemos hoy que justificar.
La Delegación del Parlamento Europeo ha venido en estos días a examinar el destino que los fondos recibidos van a tener y entre ellos ha comprobado que la reforma de las pensiones no ha prosperado y ni siquiera se sabe cómo se hará, por lo que el Ministro José Luis Escrivá ha querido dar una larga cambiada y ha manifestado el nuevo sistema de cotización por ingresos reales que se aplica desde el 1 de Enero y cuenta con un periodo de transición de 9 años, hasta el 2032 y con quince tramos de cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500 euros y variaran hasta el 2025 (fecha tope) en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia y nada ha quedado acordado a partir del 2026. Ello ha puesto en cólera y ha indignado a las asociaciones de autónomos como el caso de ATA que ha cargado contra el Ministro por negociar por su cuenta con la Comisión Europea dentro de la reforma pendiente de las pensiones. Es decir, una subida de las cotizaciones que deberán pagar los autónomos dentro de tres ejercicios y de ello nada se ha informado a las partes, por lo que Europa no sabrá cuánto se recaudará por la subida que se llevará a cabo a los autónomos, ya que según fuentes comunitarias se podría ingresar hasta un máximo del 0,5% del PIB al año, unos 6.500 millones de euros, ya que ahora la recaudación por cuotas ronda los 12.000 millones y esa subida que se hará tendrá la oposición frontal de los autónomos, por el alto coste que eso conlleva.
En este revoltijo de números y acorde con la metodología de penalizaciones, España no estaría cumpliendo con el plan de recuperación que estableció Europa tras la pandemia y ya hemos comprobado que la distribución de esos fondos no se conoce por las CCAA, porque ni tienen destino ni se sabe qué pymes o micropymes así como empresas van a ser beneficiarias de los mismos y podemos entrar en una suspensión clara de aportaciones por parte de Bruselas, lo que haría que los Estados Miembros se nos echaran encima y nos redujeran el presupuesto asignado.
Con todo esto y tras la visita de Monika Hohlmeier se pone de manifiesto la escasa capacidad del Gobierno español para administrar fondos públicos, pues tiene en el cajón sin justificar 36.000 millones de euros en fondos de cohesión asignados a España en el anterior presupuesto europeo, por lo que ello demuestra la falta de diálogo y entendimiento con las CCAA para ejecutar esos fondos tan necesarios que harían que económicamente despeguemos en parte de la crisis en la que estamos y no lo que está ocurriendo, donde a la Ministra de Trabajo se le ha ocurrido junto a ERC subir las indemnizaciones por despido de 33 a 45 días por año, lo cual ha abierto una nueva guerra entre el PSOE y PODEMOS, pues dicha modificación que procede de la reforma del 2012 y la del 2010 no tendría en estos momentos ningún sentido para la creación de empleo, ya que junto al salario mínimo interprofesional y la subida de pensiones donde un tercio del SMI (los cuales están pagados por los empresarios) son ingresos para Hacienda, la situación del mundo del trabajo, de las pymes y micropymes y empresas en general no puede estar más deprimido como viene ocurriendo.
En resumidas cuentas, las ultimas peleas de este Gobierno entre Ministros de uno y otro partido están dejando en evidencia tantas cosas que hasta Europa está asustada de ver la inseguridad jurídica de terminadas leyes como es el caso del “Solo sí es sí”, pues los pilares del Estado de Derecho que deben ser inamovibles están permanentemente acechados por normas de principiantes y con un desconocimiento total y encima no haciendo caso, de los dictámenes preceptivos que al respecto lleva cualquier ley en el trámite parlamentario. Así, siempre seremos el culo de Europa con una capa de barniz, tipo Marruecos.