Nos acaban de comunicar que, de común acuerdo, el Gobierno de la nación y el Consejo General del Poder Judicial hacen planes para crear 500 nuevos puestos de jueces. Es decir, una macro convocatoria que ya tiene reacciones encontradas, pero que de alguna manera, en su conjunto, va a permitir una mayor eficacia de los tribunales de justicia. Todo ello, para orillar a los tradicionales juzgados con un solo juez y su equipo y creando órganos colegiados conocidos como tribunales de instancia, los cuales dicen que van a funcionar con un soporte técnico unificado y los responsables ya dicen que serán más ágiles. Lo único que tenemos hoy es un anuncio, palmaditas en las espaldas de quienes creen que manejan los órganos judiciales y los de que desde sus despachos, sin pisar un juzgado en su vida, lo conocen todo, porque estos gastos que hacen incorporar nuevas plazas va a suponer un importe aproximado de 56 millones de euros. Por supuesto, los jueces son necesarios y las autoridades regionales o comunidades autónomas hablan de sus necesidades, pues, al parecer, el resultado no es otro que Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia son los que recibirán mayor número de jueces de los que 363 se destinarán a los Juzgados de primera instancia, 2 plazas para el Tribunal Central y 85 entre Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. En resumen, mucho ruido, pero pocas nueces.
Debo reconocer que la petición de estas nuevas plazas no resuelve el problema como así lo ha dicho la Presidenta del CGPJ que alertó recientemente sobre el grave déficit de jueces, pues creo que Isabel Perelló sabe lo que dice y ha sabido conjugar muy bien a ese Consejo que preside de los mal llamados progresistas y conservadores, pero ha sabido denunciar este déficit y quiere poner al Cuerpo Judicial al nivel de Europa, pero estas nuevas plazas judiciales aún siendo una buena noticia no aborda ni resuelve el problema de fondo, pues prácticamente las jubilaciones habidas ya se comen el déficit que en estos últimos años vamos a tener en todo el cuerpo judicial.
Dicho lo dicho, el mapa judicial español está francamente endeble, pues la voluntad y el trabajo de jueces, magistrados, fiscales y LAJs están cubriendo unos huecos que no se sabe muchas veces cómo pueden hacerlo, pero dentro de esa convocatoria van también a facilitar la entrada de muchos jueces del cuarto turno, cosa que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera teme que estas nuevas plazas sirvan para que algunos jueces “entren” por la puerta de atrás, es decir, que lo que se avecina que es un proyecto, no sabemos cómo quedará apuntalado, pues el populismo de esa frase del Sr. Bolaños diciendo que “es la mayor ampliación de plazas judiciales de la historia de España y que va a suponer la mayor transformación de la Justicia en décadas” es un claro brindis al sol porque él conoce perfectamente la situación de los juzgados y tribunales y sabe que la Justicia que es lenta no es Justicia y, por tanto, el panorama actual sólo contempla esperar la convocatoria de oposiciones que aún no se conoce.
Tras esta exposición que viene arrastrando desde la LOPJ, Ley 6/1985 de 1 de Julio, ha llovido mucho y más en estos tiempos, para que se reforme todo de una manera clara y contundente, pero no se puede estar con un Parlamento dividido y con un Gobierno en minoría y apoyado por parlamentarios llenos de venganza y odio para llevar a cabo modificaciones tan severas, por lo que hay que realizar un grupo de trabajo serio, que redacte definitivamente un borrador de reglamento de las especialidades, donde al igual que cuando uno está enfermo acude al especialista de la dolencia que le aqueja, debe ser ese especialista el que le dé el tratamiento y no otro cualquiera pese a que tenga el título de médico. No tendría sentido que un enfermo con problemas cardiacos y con más de 65 años fuese al pediatra, pues esto debe ser igual en la Justicia. Si un trabajador es despedido o reclama sus derechos laborales, debe ser un juez de lo social que es especialista el que resuelva sus problemas y no un juez de lo penal o de lo mercantil, porque ni es especialista ni conoce la materia, pues en el derecho, los profesionales que somos operadores jurídicos y trabajamos hoy por materias, se nos llama laboralistas, civilistas, penalistas, mercantilistas, familias, etc., y todo porque estamos especializados en lo que estudiamos y conocemos, pero los jueces y magistrados no pueden pasarse de una jurisdicción a otra, como hoy ocurre, sin conocer las herramientas con las que debe trabajar y sólo muchas veces por no salir del ámbito social del lugar en el que se encuentran, como tampoco debe olvidarse que debe existir para estos jueces y magistrados la jubilación activa, es decir si están preparados y documentados y con una gran experiencia de sus años de servicio, déjelos en el cuerpo judicial porque su experiencia y sabiduría salvarán muchos pleitos, pero jubilar por jubilar a personas capacitadas, es una auténtica locura como hoy viene ocurriendo y más, con la falta de jueces y magistrados que tenemos.
Quinientos jueces va a dar de comer a muchos preparadores, pues a esas oposiciones acudirán miles de estudiantes que acaban su grado, pero estoy convencido de que con la nueva ley de eficiencia y con puertas giratorias para muchos jueces como existen, no se podrán hacer milagros y cubrir esas vacantes.
Y termino recordando a los Grupos Parlamentarios que deben conocer de primera mano las opiniones y pareceres, por su trabajo, de los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales que estando en la LOPJ como tales profesionales de la Justicia, si no se les consulta y se cuenta con ellos y sólo se les exige para cumplir caprichos del legislador y de muchos jueces y magistrados, la Justicia seguirá huérfana y con falta de credibilidad.
