El pasado día 24 de Diciembre, precisamente empezando la Navidad, se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 16/2025, de 23 de Diciembre, en el que se adoptaban medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social (Decreto Omnibus). Todo ello, con entrada en vigor el día 25 de Diciembre, es decir, que las navidades han sido adobadas con algo que posteriormente, tramitado en el Congreso, ha sido rechazado por su mayoría, no entrando en vigor y todo lo publicado en ese boletín de 64 páginas ha quedado no sólo en el baratillo, porque ni siquiera se puede considerar de bajo precio, sino que entero se ha tirado a la basura. Este entramado de decretos que se publican a escondidas y que reúnen unas normas de obligado cumplimiento que afecta a gran parte de nuestra sociedad civil, es vergonzoso cómo al no servir para nada, deja en mal lugar a quien lo ha confeccionado y en especial, la manera de legislar que llegado a la Cámara Baja, para su aprobación ha sido rechazado y el mismo se ha quedado en aguas borrajas.
En este Real Decreto-ley 16/2025 se incluían medidas de todo tipo, tales como bases máximas de cotización, pensiones y su revalorización, prórrogas de leyes, prórrogas fiscales para vehículos eléctricos, medidas para la continuidad de los precios de la energía, sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, becas, ayudas al estudio, gratuidad del transporte público, medidas en materia de vivienda y desahucio, etc., etc., etc.. Es decir, un escenario totalmente populista, pero que ha sido tan hueco y tan poco útil que no ha tenido el beneplácito del Congreso de los Diputados, lo cual el denominado como “decreto ómnibus” se ha ido directamente a la papelera. Tras la votación, los titulares de prensa han sido cuantiosos, pero lo principal que ha quedado es que el “Congreso tumba a Sánchez en un decreto que no tenía consenso”. Todo ello, ha sido respondido por el Gobierno alegando a la oposición que ha perjudicado esta actuación a los pensionistas y ha querido inclusive antes de ser tumbado este Real Decreto-ley transmitir cuanto le venía encima y como es natural ha echado la culpa al PP, VOX y JUNTS, diciendo que el Real Decreto-ley llamado “escudo social” ha provocado la pérdida de dinero para los jubilados.
Hasta aquí estamos ante una aprobación puramente política de normas que al no ser debidamente tramitadas y haber sufrido un varapalo se han quedado en un rifi-rafe entre partidos, pero que ha tenido unas consecuencias muy llamativas como es la inseguridad jurídica en la que hoy nos encontramos. Los profesionales que tenemos que aplicar las normas y hacérselas llegar al administrado y justiciable hemos estado trabajando desde el día 25 de diciembre, día y noche, ajustando criterios, salarios, pensiones, bases de cotización, revisión de convenios y de otras muchas secuelas jurídicas que tiene este Decreto Omnibus y cuando ya estamos en pleno trabajo viene la derogación casi esperada y nos dice que nada de lo hecho vale y que pasamos al limbo, algo que no tiene precedentes y que si unos y otros políticos de los que se enfrentan quieren llevar razón de lo rechazado y no aprobado, quien sale debilitado en su totalidad son quienes esperan algo y quienes tenemos que aplicar ese algo, pero visto lo visto nos quedamos sin nada y atisbando que se llegará a un acuerdo más pronto que tarde y muchas de las cosas publicadas el 24 de Diciembre volverán a su cauce.
Comparto que llevar un decreto-ley lleno de normas que nada tienen que ver una con la otra crea no sólo inseguridad, sino falta de seriedad y ya tenemos para esto un precedente que en mi etapa de parlamentario lo viví en primera persona y fue la famosa Ley de Acompañamiento que unida a la Ley de Presupuestos recogía en un pleno escoba todas aquellas normas que cada Gobierno quería iniciar y no recogida en la Ley de Presupuestos a principios de cada año, pero recuerdo que esta Ley de Acompañamiento era mucho más seria en cuanto a su contenido, pues trataba de normas de desarrollo de la Ley de presupuestos y de aquellas leyes que a lo largo del año, tramitadas en Las Cámaras, se hacían difíciles de resolver y entonces entraba en esta Ley ya derogada. Pues bien, si la Ley de Acompañamiento pese al contenido serio y formal que sostenía y que se aprobaba por consenso de las mayorías de las dos Cámaras y nunca por Real Decreto-ley, qué podemos pedirle al hoy debatido y denominado ómnibus que no es más que el capricho de cada ministerio volcado sobre un real decreto-ley que nada más que sufre el borrador del Gobierno y la convalidación en el Congreso, lo cual conlleva un pobre trámite impuesto por quien gobierna y que quiere sacarlo a costa de cualquier cosa y metiendo de rondón normas que nada tienen que ver entre sí, lo que hace que España flote en una inseguridad jurídica que no tiene precedentes en un Estado de Derecho, porque tras lo visto la ciudadanía se ve desmotivada, aburrida, insegura e incapaz de creer a nadie y sólo sabe que un Gobierno inseguro, minoritario y lleno de debilidades nada más que da miserias sociales. Al final, quienes tenemos que aplicar las normas o interpretarlas en estos días que han transcurrido y aquello que nos venga, hemos sido los más perjudicados porque todo es como borrar y empezar de nuevo.
