En estos momentos, nuestro país ya acumula tres prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, está sin cumplir su obligación constitucional de llevar a cabo esa tarjeta de visita que son los Presupuestos Generales, lo que la obliga a tener que prorrogar los del año anterior, es decir tres años atrás, limitando su capacidad de inversión, tanto en servicios como en infraestructuras y lo que es más grave, no puede adaptar el gasto público a las necesidades del país, lo que la hace estar en una constante inestabilidad política.
La actual situación la tenemos desde el 2023, cuyos presupuestos se diseñaron para un contexto socio-político con condiciones importantes para afrontar el gasto público, pero en el 2026 donde nos encontramos ya ha pasado la temporalidad y está teniendo un efecto tan dañino que la deuda externa y el gasto público es increíble, pues administrar un país con una radiografía del 2023 en el 2026 no existe parámetro alguno para afrontar la economía.
Esta prórroga presupuestaria que mantiene las partidas del 2023 ni permite contener la inflación real y mucho menos actualizar los costes públicos, porque el hacerlo aumenta de tal manera el déficit que la hace insostenible y si vemos cómo limita las inversiones y lo que es peor, cómo dificulta el inicio de nuevos proyectos, nos damos cuenta que económicamente se encuentra débil y no tiene movimiento de gestión ante las imprevisibles situaciones como está ocurriendo del libre mercado, haciendo de pedigüeña en Europa.
Es curioso que esta situación ya está teniendo una mala imagen dentro de la UE, pues se contempla que ni existe transparencia ni rigor alguno ante la vigilancia que nos hacen los demás países del entorno, pues mientras las empresas están abonando nuevos convenios, nuevas cotizaciones, mayores pagos a la Hacienda Pública y en resumidas cuentas, sostienen como empresas privadas la negligencia e inoperancia de un gobierno atrevido y cruel con sus ciudadanos, aquí sólo pagan los mismos y sin embargo los que viven de la política se aumentan sus altas indemnizaciones porque para eso no les hace falta más que hacer lo que quieren.
España no puede estar así en esta trampa presupuestaria e incumplimiento, porque las limitaciones en esta prórroga automática de los presupuestos se está trasladando a la inversión privada porque ya están limitadas y está produciendo una crisis institucional que no tiene precedentes, ya que está saliendo a la palestra claramente y con consecuencias que el Gobierno está erosionado de autoridad y lo que es más grave, está débil y sólo enviando globos sondas y creando grandes fricciones entre los poderes legislativo y ejecutivo, pues el abuso de la prórroga tiene otra consecuencia grave, que no se mantienen ni se modernizan las infraestructuras, pues vemos carreteras destrozadas, puentes sin conservación e instalaciones eléctricas públicas semi-apagadas y no digamos las combinaciones del ferrocarril y lo más grave, es la falta de inversión extranjera que ya está alcanzando cotas inesperadas.
En definitiva, España se ha quedado huérfana tanto en la economía como en las consecuencias de ésta y con paguitas, populismo y mentiras puede, de seguir así, existir una explosión de debilidades que ni Europa nos podrá ayudar ante tantos ineptos y parcelistas como tenemos en estos momentos y, para colmo, los separatistas “mojando el pan en la salsa de la economía española” y mirando con desprecio a quienes somos españoles de verdad y encima les pagamos sus caprichos.
No olvidemos que la deuda pública de España se sitúa en 1.723.485 millones de euros según los últimos datos del Banco de España, cifra que equivale a casi el 100% del PIB, lo que nos tiene prácticamente embargados y a la hora de entregar el arqueo de caja al próximo Gobierno, sólo encontraremos deudas y telarañas en los cajones.