No es nuevo el que los Poderes Públicos pongan “chinitas en el camino” para plantear a la clase profesional colegiada su oportunidad de pronunciarse el estar a favor o en contra de la colegiación obligatoria. Ya en la Ley 2/1974 de 13 de Febrero, de Colegios Profesionales, se atisbaba pese a no existir todavía el actual Estado de Derecho que las profesiones colegiadas iban a ir en función del Legislador de turno dando tumbos y revuelvas. De hecho, ya en la Disposición Adicional Única de la Ley 7/1997, de 14 de Abril, sobre Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios Profesionales señalaba que los Estatutos de los colegios debían ser adaptados para garantizar que las profesiones colegiadas se desarrollasen en régimen de libre competencia, siendo esta legislación complementada por el Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de Junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.
Ahora la futura nueva Ley sobre libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, aún en proyecto, quiere modificar en su artículo 3.2 la Ley de Colegios Profesionales, en el sentido de que la colegiación obligatoria pueda ser derogada y se mantenga el criterio de su carácter voluntario. Es decir, un juego más del quita y pon al que nos estamos sometiendo todos los días las profesiones que encuadran un gran campo de actuación en nuestro país.
Los Colegios Profesionales son molestos para algunos Gobiernos, pues mientras potencian otras instituciones creando “Estatutos” de aire y viento totalmente lejanos al ciudadano de a pie, quieren acabar con éstos que algunos llaman monopolio y corporativismo para así destrozar a capricho de las componendas del legislador inducido lo que hoy es un prestigio y auténtica profesionalidad y donde en su espacio se integran dignamente las Corporaciones de Derecho Público. Es verdad que sobre los colegios y sobre el legislador pesa una Sentencia extravagante del Tribunal Constitucional, cual es la 330/94 que concluyó que un colegio podía ser cualquier cosa al socaire de su falta de definición por el art. 36 de la Constitución Española. Es decir, que la propia Constitución en su artículo mencionado y al referirse a los colegios profesionales, ya establece que “la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas….”, es decir, que esa regulación tiene que ser por rango de ley, por lo que estamos viendo venir que pueden hacer con nosotros lo que vulgarmente se llama “encaje de bolillos”.
Todo ello, viene a refrescarnos en la memoria que somos molestos desde hace tiempo, que entre los honorarios orientativos que ya quieren eliminar, la destipificación del Código Penal de la figura del no colegiado pese a tener título y otras cuantas lindezas más, ponen en relieve la voluntad y el “aprecio” que hacia nosotros tienen los legisladores, pero tenemos que dar un golpe en la mesa todas las profesiones y sus instituciones reguladoras para decir que con nosotros no se juega, pues si quieren modernizar los colegios y quieren actualizarlos contra ello nadie se opone, pues somos conscientes de que hay que ir con los tiempos, pero crear algo sin contenido y donde la aglutinación de las profesiones sean eliminadas no tiene ni pies ni cabeza aunque luego a algunos políticos se les llene la boca de decir lo que son. Es decir, cuando les conviene y desde cualquier tribuna política aparentar llevar a gala la profesión a la que pertenecen, su currículum, su historia profesional y sus cargos corporativos, pero una vez en el túnel del tiempo en el que algunos se introducen parece como si les diera vergüenza que fueron tales. No, tenemos que dejar patente lo que queremos. Si a nuestra sociedad civil se le quita la solera y el buen saber de los colegios profesionales todos perderemos, salvo que los quieran cambiar por asociaciones manipuladas donde impere el color político de turno. Entonces nos pareceremos un poco más al ejemplo desilusionante, cual es el Consejo General del Poder Judicial, donde ni la independencia ni el pensamiento es propio, por lo que si algo en este país goza de disciplina, ética y corrección, es la colegiación obligatoria. Colegiación por la que tanto hemos luchado y por la que tantos profesionales de todo tipo siguen luchando, pero al parecer la Ley Onnibus nos quiere adecuar, pero, por favor, no nos destrocen más porque no tenéis derecho alguno a hacerlo.
Hemos estado muchas veces enfrentados unos profesionales con otros por la limitación de competencias, por hasta dónde llega una profesión y dónde comienza la otra, habiendo sido los Tribunales de Justicia quienes muchas veces han obligado al legislador a cambiar criterios de nuestras estructuras y disciplinas, pero creo que todos sin excepción, bajo las siglas de Unión Profesional, debemos decir ¡basta ya! y comenzar una contrarreforma jurídica para dejar constancia de quienes somos, por qué estamos aquí y a dónde vamos, pero nunca estar pendientes de lo que en un borrador o proyecto y como si de un globo sonda se tratase quieran hacer de nosotros. ¡Por favor!, ya se han destrozado en este país muchas Instituciones, Cuerpos, Agrupaciones, etc., pero si queréis atacar a los colegios profesionales hacerlo de frente y nunca jugando con ellos.
