Al llegar la pandemia nos metieron en un callejón sin salida del que aún todavía tenemos consecuencias graves y una de ellas ha sido la que ha convertido la relación del ciudadano con los servicios públicos totalmente ilícita y principalmente una barrera para el desarrollo normal que, en muchos casos para el más vulnerable lo deja totalmente en la calle. Hoy, tras más de cinco años de la maldita pandemia no se puede entender cómo la administración en su conjunto está situada al margen de la Constitución, pues su artículo 103 dice que la administración debe servir a los intereses generales sometiéndose de forma plena a la ley y al Estado de Derecho, porque desde el punto de vista de muchos juristas están actuando con estas citas previas sin legitimidad y por imposición, porque lo que están obligando a muchos ciudadanos con esta medida es la imposición y todo porque se han perdido desde el 2012 a la fecha más de 70.000 funcionarios y claro para evitar la atención de éstos, imponen al administrado unos “pistoleros” en las puertas de los organismos y unos teléfonos de filtro para que nadie acceda al búnker de cada administración o delegación territorial.
El que las instituciones del Estado estén infrautilizadas no es motivo para molestar y crear una barrera con ningún acceso a quienes quieren servirse de lo público cuando se sabe que todas las administraciones están al servicio del administrado y no al revés, como está ocurriendo hoy, pues si no se tiene cita previa no te atienden de ninguna de las maneras y los casos urgentes, como siempre han existido, se mueren en el camino y no digamos de los mayores que no saben manejarse por los sistemas informáticos, pero ni se mejoran los trámites y procedimientos electrónicos, ni permiten que los ciudadanos accedan a preguntar por la dilación de los procedimientos ni tampoco por sus problemas, a veces, vitales.
Antes se llamaba por teléfono y los mismos funcionarios te atendían y te orientaban para resolver gran parte de las situaciones controvertidas, pero hoy hay personas que se desplazan a kilómetros para arreglar un problema, porque en su localidad o su territorio no le solucionan ni se les escucha.
Ejemplo de cuanto expongo ya existen trabajos de investigación donde el acceso a la Seguridad Social es imposible. Hasta los profesionales de la gestión y del Derecho tienen que hacerlo por vía telemática, con respuestas diversas y contradictorias, creando una inseguridad jurídica de la que no se sabe cómo salir y a la larga colapsan los juzgados con tantas demandas que esta administración, no solamente tiene la carga propia y acumulación de pleitos, sino que se le endosa todas estas situaciones para desgracia del justiciable.
Dicho lo anterior, estas situaciones de citas previas, a través de los sistemas automatizados, tienen ya la denuncia de que en miles de casos están inmersas en el “mercado negro de citas previas”, pues la propia UGT ha constatado que redes organizadas y especuladores están utilizando estos bots y sistemas automatizados para bloquear masivamente las citas disponibles en las plataformas de los servicios públicos y, posteriormente son vendidas a personas que por necesidad y compadreo se ven obligadas a pagar un “peaje” indigno cuando por derecho debería ser gratuito y peor se lo ponen a las personas o colectivos vulnerables como los que tienen que utilizar los trámites de extranjería, prestaciones por desempleo, situaciones de incapacidad temporal en la Seguridad Social, altas y bajas y un largo etcétera que se hace inaceptable que se tenga que pagar si quieren acceder a un servicio público y gratuito, pues aunque se haya pedido una auditoria sobre este extremo, el Gobierno y las administraciones, incluidas las autonómicas y municipales, ni saben ni contestan.
Estamos ante una excepción que se hizo realidad con la Ley 3/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID y sólo era para una autorización temporal y limitada y, por supuesto, una medida excepcional como así lo establece el artículo 4.2 del Código Civil, pero en el 2025 y acabando el año ni se sabe nada ni se hace nada y las colas y las llamadas a las administraciones están impuestas con falta de funcionarios y provocando un caos tal que el administrado y el justiciable se encuentran totalmente indefensos y totalmente desprotegidos, porque no es justo que incluido el mecanismo de esta cita previa existan “pistoleros” en las puertas de los organismos, los cuales poseen tus datos personales y se permiten el lujo de hasta evacuarte las consultas, cuando estamos claramente ante la vulneración de la Ley de Protección de Datos y una clara cesión ilegal de trabajadores.
Termino apostillando que la cita previa no puede ser obligatoria y las administraciones públicas no buscan ninguna alternativa para que profesionales, personas vulnerables y aquellas con necesidades urgentes se vean en la puerta de las administraciones haciendo colas como en los tiempos del racionamiento o de las restricciones de petróleo, porque nos parecemos más a un tercer mundo que a un Estado miembro de Europa como es España, pero es más fácil distraer la mente con ataques políticos y con promesas llenas de mentiras que cumplir con la obligación de dar a los ciudadanos un servicio puntual y serio.
En definitiva, el “apagón” de la cita previa no tiene electricidad desde el año 2020.
