En los últimos veinte años la economía sumergida se ha incrementado por dos, es decir, que Hacienda deja de ingresar al año más de 70.000 millones de euros por estas prácticas que hacen un daño irreparable a nuestro país.
El cálculo de esta economía sumergida no es fácil, pero los diversos estudios de los organismos como FUNCAS, FEDEA o la propia Unión Europea, sitúan esta economía en una horquilla de entre el 19% y el 25% del PIB, frente a una media de la zona euro de diez puntos por debajo, siendo sólo Grecia la peor de todas.
Hay una principal medida y más urgente, la puesta en marcha de los mecanismos de control contra el fraude al igual que hacen otros países de Europa como Alemania o Suecia. En este año 2013 ha sido publicada en el BOE una reforma del Código Penal para las practicas del fraude fiscal y de la Seguridad Social, la cual fue debatida en las Cortes Generales a finales del 2012 y esperemos que de resultados apetecibles. Todo ello, independientemente de las medidas que para la creación de empleo se lleven a cabo, entre las que hay que destacar las aprobadas mediante el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de Febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, publicado el pasado día 23 de Febrero en el BOE nº 47.
Por lo dicho, el empleo aflorado es una de las medidas más necesarias, en especial aquellos recursos que pueden mover el PIB y podríamos enumerar muchos, como es el fraude en las prestaciones de la Seguridad Social, el empleo o trabajadores sin dar de alta, sin cotizar, agrupados principalmente en la agricultura, el comercio minorista, construcción, restauración y uno muy llamativo como es el servicio del hogar familiar, donde el fraude es alto y muy alarmante.
En resumen, tenemos que sacar a la luz el empleo y tras él vendrán las aportaciones y más recaudación para así incrementar los ingresos fiscales y reducir el déficit. Todo ello, ayudado por la reforma laboral que está transformando el mercado de trabajo y el comportamiento de sus agentes, lo cual se está adaptando a un nuevo modelo, basado como dice la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la flexibilidad, pues si en el 2011 esto se hubiera llevado a cabo, se habrían salvado uno de cada dos empleos en el sector privado, pues hoy es una realidad que los despidos se han parado, lo que pone de manifiesto que a medio plazo la reforma será efectiva.