Mucho se ha escrito sobre el futuro de las pensiones en España, pero nuestra hucha está tomando unos derroteros que de no haberse realizado medidas de choque, difícilmente hoy podríamos mirar con cierto optimismo al Sistema Público de Pensiones que tanto nos ha hecho y nos hace prisioneros del desánimo, pues estamos hablando de algo que puede marcar metas históricas en nuestro país. Hoy cotizan en España para nuestro Sistema Público de Pensiones el mismo número que hace diez años, o lo que es más claro, tenemos en proporción casi dos contribuyentes para un pensionista.
El déficit público en España ha sido la causa de la falta de ingresos, entre los que no olvidaremos el derroche de gasto superfluo, “cheques bebé”, 400 euros de regalo, etc. etc. y, por lo tanto, se ha tenido que subir el IVA, el IRPF, etc., y pese a ello, este déficit en el 2012 se redujo en 29.013 millones de euros a costa de incrementar los impuestos. Si no llega a ser por ello, cómo hubiésemos podido bajar dicho déficit cuando en el 2009 se batió el record de éste que llegó hasta 87.281 millones de euros.
Visto lo visto y no olvidando que en Diciembre de 2012 la deuda de la Administración Central era de 688.231 millones de euros, de las que en 2013 quedan 140.933 millones, el horizonte es totalmente oscuro. Es decir, algo impresionante y que no tenía más remedio que recordarse que la anterior legislatura cada español debíamos 19.300 euros (3.200.000.- pesetas), o que cada familia debía 77.000.- euros (12.800.000.- pesetas), o para mayor inri, cada trabajador afiliado a la Seguridad Social debía 55.000.- euros (9.000.000.- pesetas). Todo ello, repartido entre el endeudamiento en términos absolutos de la Administración Central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, con sus empresas públicas de la mano, y un largo etcétera escalofriante. Por lo tanto, el Sistema Público de Pensiones de nuestro país se tambaleaba y no hubo otro remedio que llevar a cabo recortes para protegernos de este gran “trampón” que sin valorar políticamente al culpable, nos encontramos todos los españoles en Enero del 2012.
Pues bien, los recortes han dado huelgas incomprendidas, manifestaciones de ignorantes de la economía y pancartas por doquier de quienes querían seguir gastando y sin darse cuenta que estuvimos a punto en Agosto del 2012 de tener un rescate que de haberse consagrado, hoy, Chipre sería uno de nuestros mejores aliados y estaríamos “ayudados” por Grecia, Portugal, Italia y quién sabe quién. Por lo tanto, los recortes no han sido bien vistos, pero ha sido el único fármaco para nuestra enfermedad agravada y debilitada por el gasto público y donde las pensiones eran las primeras en no poder pagarse, y no lo digo a largo plazo, sino a medio o, posiblemente, muy corto.
Por ello, las medidas tomadas con el nuevo Real Decreto-Ley para garantizar los abusos que pusieron en peligro (y aún lo ponen) las pensiones de todos, es dotarla de una garantía para así no parecernos a muchos países de la Unión Europea, como es el desafío derivado del aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, pues España está entre los países donde esos fenómenos cobran mayor intensidad y con este nuevo Real Decreto-Ley nos tenemos que asegurar la cobertura financiera de nuestro Sistema de Pensiones y su nivel de prestaciones.
La realidad no es otra que unos 16 millones de ocupados mantienen con sus cotizaciones la financiación de 9 millones de pensionistas, una relación causa-efecto que no nos permite esperar más tiempo para adoptar nuevas decisiones que hagan sólido nuestro sistema, por lo que considero acertadas las medidas que se han tomado y que para mejor pulcritud y aseguramiento de éstas pasarán su trámite parlamentario, donde se aportarán nuevas iniciativas para garantizar el Sistema, en especial, avanzar en la sostenibilidad del mismo, ya que el acceso a la jubilación antes de alcanzar la edad legal, supone un coste de más de 10.000 millones de euros al año. Por ello, entiendo que es bueno compatibilizar el cobro de la mitad de la pensión con la permanencia en un trabajo, siempre que se tenga cumplida la edad de jubilación, o elevar la edad de jubilación anticipada, como es la voluntaria que pasará de los 63 años a los 65 en el 2017 y la involuntaria que pasará de los 61 a los 63 en el mismo año. Se fija un periodo mínimo de cotización de 35 años en el caso de la jubilación voluntaria y de 33 en el caso de la forzosa y se regula la jubilación parcial, limitando al 50% la reducción máxima de la jornada con carácter general y se eleva el periodo mínimo de cotización hasta los 33 años, sin olvidar las medidas que se han llevado a cabo en este Real Decreto-Ley para desincentivar los despidos colectivos de mayores de 50 años, para evitar la discriminación de edad, o sin echar en un saco roto, que hay que impulsar el envejecimiento activo de forma justa, pues no se puede pedir a los ciudadanos que se jubilen a los 67 años cuando otros lo hacen muy anticipadamente, o no dejar al margen esa lucha permanente contra la discriminación por razón de edad en el trabajo, de forma que se facilite la prolongación voluntaria de la vida laboral.
En definitiva, la nueva coyuntura económica y social nos pide y nos exige que adaptemos nuestra legislación para asegurar la viabilidad de las pensiones, pues es claro que no habrá un Sistema de Pensiones Público si no existen cotizantes en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social y, fundamentalmente, empresas que coticen por ellos.
El Pacto de Toledo está ahí, donde en el 2009 y 2010 hubo excedentes por valor de 14.430 millones de euros, pero sólo ingresaron 1.740 millones, es decir, un 12% de lo que correspondía, por lo que con esos mimbres ya me dirán si los recortes y la racionalización del Sistema Público de Pensiones no ha sido una de las armas que propiciarán la garantía en un futuro.