En este año 2015 se cumplen 30 años en el que mi Colegio profesional puso en marcha el turno de oficio gratuito para quienes no tuvieran recursos económicos debidamente justificados, pudieran obtener ante los Juzgados de lo Social, Mercantil y ante las Entidades Gestoras de la Seguridad Social un profesional que les asesorara jurídicamente y les llevase a buen fin sus derechos y aspiraciones para bien obtener una indemnizaciones o salarios u obtener una prestación económica de las existentes en el Sistema Público de Pensiones y no se vieran mermados por la falta de esos recursos económicos.
Mi colegio profesional, defensor a ultranza de la Justicia Social, como tal Corporación de Derecho Público que aglutina a los Graduados Sociales de manera obligatoria, no obtiene de la administración devengo alguno para la defensa del justiciable que quiera ante los tribunales obtener un derecho. Siempre lo consideré de una gran desigualdad con los abogados y procuradores, pues estas figuras, no siendo preceptivas en la instancia de la Jurisdicción Social, sí podían los trabajadores acudir a estos, en especial, a los abogados y éstos a su vez, percibir la oportuna cuantía que regula al efecto el procedimiento de la asistencia jurídica gratuita.
Hoy, ese derecho va a ser igualado por la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que se encuentra en trámite parlamentario en las Cortes Generales. Y, por tanto, en este proyecto aprobado el 21 de Febrero de 2014 por el Consejo de Ministros, se ha incluido justamente a mi colectivo como así lo indiqué en este blog oportunamente. Pero el motivo no es otro que dejar constancia públicamente de que mi colegio, gracias al empeño que mis compañeros y compañeras que han prestado este servicio jurídico gratuito, no ha percibido contraprestación alguna. Es decir, que ni el Ministerio de Justicia, ni la Consejería de Justicia, como ocurre actualmente y así lo vienen haciendo con abogados y procuradores, nos ha dado ni un solo euro, por lo que el mérito es mayor y demuestra que cuando una realidad social se hace necesaria, los graduados sociales hemos estado ahí a cambio de nada; bueno, a cambio de la satisfacción de cientos de personas que han visto sus derechos conseguidos, ya sea por una resolución judicial o administrativa, pero siempre gracias al Colegio de Graduados Sociales de Cádiz.
Quiero reiterar las gracias a mis compañeros y compañeras por su sacrificio y por haber llegado hasta hoy y cumplir 30 años de una labor social encomiable que no como otros que sólo les he oído protestar porque la Junta de Andalucía no pagaba el referido turno de oficio. Cuando obtengamos por derecho, al igual que otros colectivos, cuanto el legislador ha contemplado y tramitará, llevaremos 30 años de ventaja sobre un derecho que hemos ejercido en nombre del justiciable que creyó en los Graduados Sociales como unos serios y eficientes operadores jurídicos.
Con esta noticia espero que algún medio de comunicación valore este esfuerzo de años y trabajo en favor del débil y de cientos de miles de euros y no querer confundir a los Colegios Profesionales con una ONG porque por la vía de la subvención directa han repartido 9.100 euros.
FELICIDADES COMPAÑEROS/AS.