El perito es una figura dentro de los procesos judiciales la cual se hace cada día más necesaria e indispensable, pues los jueces y magistrados no saben de todo como algunos creen, pues son figuras de un conocimiento jurídico amplio y especializados (no todos) en la jurisdicción en la que se encuentran inmersos y se desenvuelven como tales jueces, donde con sus criterios y las pruebas que se les aporte determinan, con su buen saber, quién o quienes tienen la razón del litigio planteado. A la jurisdicción del orden social acuden muchos peritos que en una gran mayoría suelen ser profesionales colegiados y bajo su responsabilidad emiten informes sobre el conflicto a resolver y con el conocimiento de las disciplinas que a ellos les compete, pues para eso son peritos en el procedimiento. Olvidando un poco el litigio, pues existen muchísimos, los jueces escuchan atentos a estos peritos judiciales que bajo su responsabilidad y ante las preguntas en comparecencias y en el trascurso del juicio oral exponen sus conocimientos y su experiencia de lo que se trata, por lo que muchos jueces se apoyan en estos dictámenes e informes de una manera clara y suelen ser sus bastones de apoyo para cuando llegue la hora de dictar sus sentencias. Es decir, el perito judicial es el soporte en muchísimos casos de la decisión del juez, pero en otros, si ese perito no tiene un conocimiento de nada de lo que hace, el trastorno y la responsabilidad se comparte en una decisión finalista colmada de errores y de recursos.
En la jurisdicción social existen peritos cualificados como médicos especialistas, economistas, detectives privados, peritos calígrafos, informáticos, etc. que con sus conocimientos determinan las incapacidades, las regulaciones de empleo por razones económicas o si alguno ha vulnerado su encomienda en el trabajo o simulado una enfermedad o accidente, cosa que hacen con la máxima honestidad y ética profesional, pues saben la influencia de sus informes y manifestaciones ante el juez y las partes. Sin embargo, en otras jurisdicciones y, en concreto en muchos Juzgados de Instrucción, donde la valoración de un perito judicial es también indispensable, topamos con algo que no se comprende, muchos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, en esa investigación que llevan a cabo, bien por mandato de la Fiscalía o bien por orden judicial, no saben reconocer que muchas de las materias que investigan y valoran están al margen de sus conocimientos, pues muchos informes y actuaciones que se les aporta al juez instructor están confeccionados por personas que aunque sean miembros de esas fuerzas de seguridad, no conocen leyes que se encuentran en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y del Derecho Mercantil, Derecho Civil y otros; por ejemplo cláusulas de contratos de trabajo, de aplicación de convenios colectivos o de contratos de la Administracion, entre otros, haciendo sus valoraciones a “ojo de buen cubero” y creyéndose que lo que informan es lo válido y presumiendo muchas veces que el investigado es responsable de aquello que se ha puesto en litigio o que ha sido denunciado sin conocimiento de causa por terceros. Es decir, prejuzgando de unos hechos que no conocen. Esto es frecuente y creo que esos jueces de instrucción cuando utilizan a esos miembros de las fuerzas de seguridad, deben saber que estos están limitados en sus conocimientos y no poseen en muchos casos titulación académica alguna ni están colegiados en una Corporación de Derecho Público, como lo están esos peritos que actúan sobradamente conocedores de su especialidad, por lo que estos informes y valoraciones efectuados por estos funcionarios del cuerpo de seguridad del Estado sobre muchas materias son invalidados luego en el juicio oral que se celebre en el juzgado de lo penal, pues de la instrucción a ese momento procesal, hay una gran diferencia y distancia en el tiempo y en lo que luego resulta ser real y verdadero.
Por lo tanto, cada vez más en nuestro país, hay que reforzar a la justicia, pues nuestro Estado de Derecho no se puede sustentar en el corto conocimiento de unas personas que informan y casi deciden sobre la verdad de los hechos ocurridos; es muy grave ver cómo informes policiales están vacíos de contenido y de conocimientos jurídicos, por lo que en materias de esa envergadura, los jueces deben recurrir a esos peritos que son los verdaderos conocedores de la realidad y por ser policía o guardia civil, no se sabe de todo y menos de algo que no es de su competencia profesional o no lo han estudiado. Los peritos cobran y los miembros de las fuerzas de seguridad no, eso es verdad (me refiero a la hora del peritaje o informe), pero lo fácil es mandar a los primeros a informar e investigar y salir pronto de esa instrucción, pero seguro estoy que si se llamase a un perito profesional los cuales están debidamente registrados a través de sus colegios, “otro gallo nos cantaría” y los jueces que no saben de todo, seguro que harían instrucciones mejores y luego en el Juzgado de lo Penal se pondrían sentencias más de acorde con la realidad, pues muchos ciudadanos pasan por un largo calvario y una triste pena del banquillo que no hubiese sido necesario si un buen peritaje o informe hubiese estado construido por un profesional de la materia. Las fuerzas de seguridad están para lo que están y desde aquí las felicito por la profesionalidad y la confianza que nos dan a todos, pero “zapatero a tus zapatos” y los peritos judiciales somos los que sabemos de determinadas materias y así nos ahorraríamos muchos disgustos de ver a muchas personas inocentes pasarlo mal y amargamente por un mal informe o lo que ocurre en muchos casos, que se carece a la hora de confeccionarlos del verdadero conocimiento de quien es perito y ha hecho su informe o peritaje con total objetividad y con conocimiento de causa, pues existen muchas especialidades que a veces creemos que no están en el mapa del perito judicial que estos ponen al servicio de la Justicia.
