“Más vale un toma que dos te daré”.
Este consejo, extraído de nuestro sabio refranero, resume a la perfección la postura adoptada por nuestro Colegio Oficial de Graduados Sociales en relación al proyecto de agrupación de sedes judiciales en Cádiz capital, lo que hace más de tres lustros se vendió, a bombo y platillo, como “Ciudad de la Justicia”, y que en las últimas semanas viene protagonizando de nuevo titulares de prensa por su anunciada reubicación.
15 años y un poco más, es el tiempo que nuestro Colegio ha venido insistiendo en la necesidad de reunir en un mismo entorno físico a todas las sedes judiciales de la ciudad con varias finalidades: facilitar la calidad asistencial a los justiciables: ciudadanos y personas u organizaciones jurídicas que demandan el ejercicio de la Justicia y calidad también para los profesionales que intervienen en su gestión y administración representando a las partes, organizando procedimientos y recursos, o juzgando y haciendo cumplir las sentencias y fallos.
También para optimizar recursos, corrigiendo una situación insostenible de falta de medios adecuados, salas de vistas, despachos, dependencias profesionales y las más mínimas infraestructuras necesarias en un sistema garantista como el nuestro.
E igualmente, para dinamizar un servicio esencial como el de la Justicia, cuyo desarrollo debe estar asegurado por los poderes públicos bajo unos mínimos de eficiencia.
Por eso, tras 15 años y después de haber sido los graduados sociales un colectivo combativo, insistente y reiterativo en las justas demandas para corregir un agravio comparativo con otras ciudades andaluzas, hemos obtenido una respuesta con visos de viabilidad por parte de la Junta de Andalucía.
Durante estas dos décadas largas, desde que se presentara con gran estruendo mediático el primer proyecto de la Ciudad de la Justicia, en los terrenos de la antigua Institución Provincial, la Junta de Andalucía se dedicó a marear la perdiz: ahora la cambiamos a la Zona Franca, ahora a la Escuela de Náutica, ahora a no se sabe dónde.
Durante estas más de dos décadas, mientras nuestro Colegio Profesional se desgastaba criticando los vaivenes de la Junta de Andalucía, cuestionaba las promesas recurrentes de cada campaña electoral, y apelaba por un consenso de todos los operadores jurídicos de Cádiz para demandar la Ciudad de la Justicia, el resto de colectivos profesionales prefería guardar silencio y mostrar una imagen de indolencia, ante la pasividad de los sucesivos gobiernos autonómicos.
El pasado diciembre, y después de una larga sucesión de reivindicaciones, escritos y peticiones de audiencias de nuestro Colegio con los responsables políticos de la Junta, dijimos “basta”.
Reclamamos, de manera enérgica, respuestas convincentes, de una vez por todas, al problema de la carencia de infraestructuras judiciales en Cádiz, importante cabeza de demarcación judicial. Hicimos llegar al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, nuestra indignación por la falta de compromiso en este tema. No queríamos más respuestas evasivas, ni más promesas, sino simple y llanamente, y desde el respeto institucional, una propuesta realista y viable. Sostenible y capaz de ser llevada a buen término.
Queríamos verdades, no más promesas. Menos planos y más planes.
Una vez más, como operadores jurídicos, nos vimos solos ante este problema, mientras otros colectivos profesionales se debían sentir más cómodos en su zona de confort, sin desgastarse, sin entrar en polémicas.
La respuesta a nuestra insistencia llegó. Por fin fuimos recibidos por el delegado de la Junta en una reunión que, debo decir, respondió a nuestras expectativas: olvidar el inicial proyecto faraónico en San Severiano, y retomar la Ciudad de la Justicia desde una premisa de viabilidad en el medio y corto plazo.
El resto es de todos conocido a través de las noticias publicadas en este medio y confirmadas por la presidenta de la Junta, el alcalde de Cádiz, y más tarde por el consejero Emilio de Llera: la Ciudad de la Justicia no se levantará en el solar de la Institución Provincial, por el elevado coste del proyecto. Pero sí se apostó por una alternativa viable: las instalaciones de los antiguos depósitos de Tabacalera, en Loreto. Y se nos dio la razón en la raíz del problema: no podemos seguir como estamos, en sedes dispersas y mal acondicionadas.
Resultó satisfactorio que el máximo representante de la Junta en la provincia, su delegado provincial, reconociese la implicación de nuestro Colegio en la mejora de la Justicia. Una reivindicación en la que estuvimos solos.
Nos sorprende y choca que ahora, cuando la presidenta de la Junta y el alcalde de Cádiz han acordado llevar a cabo la Ciudad de la Justicia en los terrenos de Tabacalera, equidistantes de los dos puentes de acceso a Cádiz, con aparcamientos subterráneos y en superficie, en una zona de expansión de la ciudad; cuando el consejero de Justicia visita los terrenos para detallar el plan… otros operadores jurídicos salgan por la tangente y propongan, a estas alturas del partido, otra alternativa más, la más inviable de todas: el solar del antiguo Gobierno Civil.
Solo para desafectar estos terrenos junto a las Puertas del Tierra de su titularidad estatal, podrían pasar años de trámites, permutas y expedientes. Su ubicación, por otro lado, no respondería a criterios de accesibilidad ni de facilidad para el transporte o los aparcamientos. Todo lo contrario. Y el coste convertiría de nuevo el proyecto en otra iniciativa inviable.
Por eso, insistimos en dar por buena, si finalmente se lleva a cabo, la más viable propuesta de Tabacalera. Más vale un toma que dos daré. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Más vale aprovechar este tren que seguir soñando. Más vale una Ciudad de la Justicia en tiempo y forma, que mil imágenes virtuales, aquí o en el más allá.
Veremos si esta vez va en serio.
