Las recientes imputaciones judiciales a famosos y políticos, han creado en la conciencia social una falsa y maldita palabra de la cual en tertulias y medios de comunicación se utiliza como si a priori las personas imputadas fuesen ya condenadas a prisión por el mero hecho de no saberse realmente el significado de esa palabra.
Hoy, en nuestro Código Penal, quienes reciben una denuncia o querella, el Juez Instructor, si percibe indicios de la posible existencia de un delito, abre una investigación penal, pese a que esas personas investigadas no tengan por qué ser autoras del delito, es más, en la gran mayoría de procesos, quienes son imputados en el inicio, luego no quedan en nada. Curiosamente, en la investigación de los atentados del 11-M, por ejemplo, uno de los procesos más controvertidos en nuestro país de los últimos años, hubo más de 120 imputados, de los que la mayoría no llegaron ni siquiera a ser sometidos a juicio.
Al imputado se le permite legalmente no decir la verdad, no declarar contra sí mismo, hacerlo obligatoriamente asistido de letrados (a diferencia de los testigos), pero ello no quiere decir que se le obligue a mentir. Por ello, el imputado pasa desde el primer momento que es declarado como tal, a sufrir la “pena del banquillo”, la cual le hace ya estar condenado por la sociedad civil si su imputación ha sido aireada o tergiversada en los medios de comunicación. Lo que supone una garantía procesal, se convierte en una mancha en su honor y en una condena a priori que junto a la lentitud dela Justiciase hace al imputado y a su familia vivir una etapa insostenible e irreparable en su convivencia con terceros.
Hoy, estar imputado es aprovechado por el adversario o querellante para deshacer el honor de estas personas y lo que es más, para mientras dure la imputación, la cual a veces se alarga años por la dejadez de muchos jueces, juzgados vacantes y la lentitud de resolver los procesos, el imputado se ve privado mediaticamente de su libertad y de su honor.
Pero, si la palabra imputación es maldita y pasa por la “pena del telediario” tan habitual en nuestro país, peor son las filtraciones de los sumarios, incluso secretos, a los medios de comunicación, lo cual es un delito sancionado en el art. 466 del Código Penal y nadie suele investigar nunca estos hechos, y si se le pregunta a un periodista la fuente de la noticia, se acoge al secreto profesional, lo que deja indefensos a los imputados, ya que tales filtraciones suelen ser parciales, realizadas por la parte más interesada en esos medios y con referencia tendenciosa a quienes filtran la noticia, lo que hace del imputado un condenado a priori. Es más, hay que vigilar cómo se llevan a cabo esas investigaciones o las detenciones y registros, porque algunos funcionarios dela Administraciónde Justicia, Jueces, Fiscales o unidades dela Guardia Civilo Policía Judicial avisan a cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas, para que acudan a la casa o lugares donde se llevaran a cabo sus actuaciones y montan el “circo mediático” que es lo que interesa, convirtiéndose así algunos en “Jueces estrella” no llegando a pensar en el honor del imputado y de sus familiares, haciéndoles un daño irreparable y hundiéndolos moralmente en esos juicios paralelos, con el inconveniente de que luego nadie conoce su inocencia porque ya el daño se ha llevado a cabo.
Creo que se debería tener un claro conocimiento de esa maldita palabra llamada “imputación”, pues de lo contrario la angustia personal y las dimensiones de esa “pena del banquillo” que se soporta por los marcados por esa palabra, puede llegar a situaciones de desesperación y de enfermedades no deseadas, que nunca luego podrían repararse, aunque se obtenga una sentencia absolutoria, o bien dicha imputación no llegue ni tan siquiera a ser objeto de juicio.
El nuevo proyecto del Código Procesal Penal quiere darle un nuevo nombre al imputado, pues reconoce la existencia de un injusto estigma social inherente a la condición de tal palabra, pero creo que ese cambio no será muy eficaz, pues llamarlo “encausado” en lugar de imputado no cambiará la situación mientras no se respete la presunción de inocencia y seguro estoy que los tertulianos y comentaristas les seguirán disparando los dardos de mala fe, aunque luego ese encausamiento no quede en nada. Estimo que la palabra “investigado”, como apuntan prestigiosos penalistas podría ser una solución, pero tiene que ir acompañada esa investigación de la garantía del secreto del sumario y de la agilidad del proceso, ya que lo contrario será condenar a muchos seres inocentes al capricho de esa palabra maldita que tanto daño ha hecho y viene haciendo a muchas personas, que durante años han sido condenados a priori sin piedad, por el mero hecho de que los medios de comunicación han revelado filtraciones que siempre debieron estar ocultas hasta que su momento procesal lo autorizara.