En cualquier país serio y democrático las decisiones de un Gobierno, y más si las publica en lo medios oficiales, se cumplen. En nuestro país, cuando algo llegaba a publicarse en el Boletín Oficial de Estado, significaba como vulgarmente se dice, “va a misa”.
Y esto no sólo afecta al ámbito político. Así una empresa sabía que cuando una resolución que le afectaba era publicada en el BOP, se trataba de una decisión o una resolución en firme. Y esta seriedad es necesaria para el propio funcionamiento de nuestra sociedad. Así y siguiendo con el mismo ejemplo, si la empresa veía publicada en el BOP, por ejemplo, una resolución de una subvención o cualquier ayuda financiera, sabía que aunque tardase en cobrarla, podía empezar desde su publicación en el Diario Oficial a negociar con los bancos y otros agentes sociales con el argumento de que “está publicado en el BOP” ( la publicación era una garantía).
Pues bien, los ciudadanos deben saber que en el Boletín Oficial del Estado del martes 6 de julio de 2010, se publicaba la Ley 15/2010 que a su vez modificaba la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por las que se establecían medidas de lucha contra la morosidad, que las Cortes aprobaron en mayo. En concreto, la Disposición adicional cuarta de la citada norma dice: “El Gobierno, en el plazo de 30 días, a través del Instituto de Crédito Oficial, instrumentará una línea de crédito directa, en condiciones preferentes, dirigida a las Entidades Locales para facilitar el pago de las deudas firmes e impagadas a las empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010.”
Esta línea de crédito que tal como dice el artículo trascrito, debía haberse puesto en marcha a principios de agosto, ha sido derogada por el articulado del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, argumentando ahora, la vicepresidenta económica Elena Salgado, que no cuenta con garantías de devolución adecuadas y podría elevar el déficit público en tres décimas.
Si siempre han sido necesarias, en estos momentos resultan imprescindibles, unas dosis de realismo, y tener presente que el conjunto de las administraciones públicas adeudan a la banca y empresas nada más y nada menos que 30.000 millones de euros cuyos plazos de cobro son cada vez más dilatados, y cuya situación, algo habrá tenido que ver la gestión del quién nos gobierna desde 2004…
Ante esta realidad, mientras no haya una nueva Ley de Haciendas Locales, deben establecerse instrumentos para aliviar el endeudamiento de los consistorios y garantizar el pago a proveedores, una posición que comparten todos los grupos parlamentarios de la oposición, excepto el Gobierno. Hasta la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el Alcalde socialista de Getafe, ha aprobado una propuesta dirigida al Gobierno para que se tomen medidas «excepcionales» dirigidas a aquellos ayuntamientos que superen el 75% de deuda, pero que demuestren que en el próximo año sus finanzas públicas les permitirán pagar créditos y, por lo tanto, puedan endeudarse.
La cuestión aquí no es el estado actual y puntual de endeudamiento no ajeno al “ingenio” de la ingeniería financiera, como ha puesto de manifiesto, el propio colectivo de Técnicos de Hacienda, sino en la capacidad de endeudamiento. En otras palabras, la capacidad real de devolver la deuda, sin olvidar que la misma pueda ser aplicada a gastos corrientes, en particular a los destinados a asuntos sociales y de educación. Además, el Partido Popular al que acusa el Gobierno de no aportar soluciones, ha presentado en el Congreso y obtenido el apoyo de casi todo el arco parlamentario, una iniciativa que persigue que las cantidades adeudadas por la Administración Central a las pequeñas empresas y autónomos se compensen con las deudas tributarias reconocidas por éstas ante Hacienda, y simultáneamente poner definitivamente en marcha la línea ICO que ayude a los ayuntamientos a afrontar las deudas que tienen pendientes con sus proveedores, salvando los nuevos condicionamientos incluidos en los Presupuestos Generales.
Sí que es cierto, y es también un ejercicio de realismo, reconocer que todos tenemos que hacer un esfuerzo y en este sentido entiendo que van las palabras del Gobierno cuando dice: “Hemos aprobado ajustes para todas las administraciones. Sólo pedimos a los ayuntamientos que no incurran en nuevo endeudamiento». Pero, lo que no se puede hacer, es que este esfuerzo recaiga sólo sobre los ayuntamientos, cuyo peso en la deuda es mínimo respecto a la del Gobierno Central y de las Comunidades Autónomas, pues los ayuntamientos cargan con un 6% de la deuda pública, mientras que las Comunidades Autónomas tienen un 14,% y el Estado el 80% restante.
Finalmente, no pueden pasar desapercibidos para los ciudadanos de cualquier ideología, los gravísimos hechos en los que está incurriendo este Gobierno de no cumplir los mandatos aprobados democráticamente por las Cortes, como es el caso de la referida Ley de morosidad aprobada justo antes del verano, cuya Disposición Adicional cuarta, la que afecta a la financiación de los ayuntamientos para el pago a empresas y autónomos, tendría que haber entrado en vigor el pasado 6 de agosto. No importa que lo aprueben los representantes del pueblo en las Cortes, no importa que se haya publicado en el BOE, en esta ocasión como en otras 15, como se detalla en el escrito presentado la semana pasada en el Registro del Congreso por el Partido Popular, nada importa, nada es seguro, pues si el Gobierno decide cambiar de opinión, lo lleva a cabo.
Todos sabemos que para superar una crisis es imprescindible la confianza, la credibilidad, la seguridad que haga que la sociedad vuelva a creer, apostar e invertir por el futuro. Pero si ni siquiera las leyes aprobadas democráticamente en las mismísimas Cortes garantizan que el Gobierno las vaya a poner en marcha, ¿en qué podemos creer?, ¿qué rumbo llevamos?, ¿cómo vamos a crear la necesaria confianza en el país?. Y ojo al hecho, del abuso de poder que supone no cumplir con el mandato democrático de los representantes del pueblo, reflejado en las Cortes. ¿Son estos los progresistas que pretenden dar clases de democracia? En su desesperación por mantenerse en el poder, no sólo están dañando ya a la economía y a empleo, sino a la propia democracia, con un Presidente y un Gobierno que se anteponen a la Ley. ¿Les suena a algo? ¿Con qué modelo de gobierno lo relacionarían? Para tomar nota.