El 11 de Febrero de 1995, hace veinte años, el Tribunal Constitucional publicó un desistimiento del Recurso de Amparo del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona porque previamente la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 6/1985, de 1 de Julio), reconoció a los Graduados Sociales el informar en Derecho en los estrados, así como utilizar toga al igual que los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados y Procuradores, como expresión máxima de la liturgia judicial. Es decir, los Graduados Sociales ya teníamos derecho al uso de la toga antes de que el Ponente de este procedimiento, Magistrado hoy jubilado, D. Rafael de Mendizábal Allende, utilizara dicho desistimiento para en un aparente “voto particular” decir todo lo que dijo, que no era más que lo que pensaba decir para el supuesto de que hubiese sido una Sentencia del Alto Tribunal. Todo ello está publicado en el BOE nº 36 (Suplemento) del 11-02-1995. Pero, independientemente, del derecho a este uso de la toga por parte de los Graduados Sociales, quiero recordar con alegría, pero a la vez también recordar el ridículo de algunos, cuando las Diligencias Previas 920/88, fueron archivadas el 19-03-1990 por Auto de sobreseimiento y archivo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº uno de Cádiz. Es decir, van a cumplirse ahora 25 años de aquel archivo, del cual no puedo olvidarme cuando el entonces Decano del Colegio de Abogados de Cádiz, a la sazón D. Julio Ramos Díaz, interpuso la querella bajo la representación del Procurador también Decano entonces, D. Antonio Gómez Armario, en la que por usar un traje “talar” semejante a la toga profesional de abogados, los Graduados Sociales invadíamos el campo profesional de éstos y, por supuesto, nos quiso aplicar el artículo 324 del Código Penal que establece: “el que usare publica e indebidamente títulos, diplomas, nombramiento académico o profesional, uniforme, traje, insignia o condecoración, será castigado con la pena de multa de 30.000 a 150.000 pesetas”. Más tarde decía en dicha querella que la doctrina al estudiar el delito viene a coincidir en que se castiga en el precepto una especie de intrusismo “vanitatis causa” de carácter formal y muchas más lindezas que se reservó y que omito por todo aquello que creía él que en exclusiva era uso de la abogacía.
Tuve que ir al Juzgado donde la entonces Magistrada (hoy Magistrada de la Audiencia Provincial de Cádiz) me hizo fotografiarme con mi toga y nada de traje talar y pese a todo el rosario de artículos que aquél decano me imputaba como ilícito quedaron en nada. Intentó llevar testigos de abogados prestigiosos y amigos de mi profesión, como fueron Alfonso Jiménez, Ana Mª Partida, Felipe Meléndez y otros que ya han fallecido y que por esta causa omito sus nombres, no sin olvidar el que “calentó el cotarro” y que inició veladamente todas las actuaciones, como fue D. Rafael González Biedma que ya hoy de esto ni habla, pero que no impide que lo tenga en estima y posteriormente a este asunto he tenido pleitos con él y siempre con una formación jurídica exquisita y, por supuesto, yo utilizando la misma toga que él también utiliza.
El tiempo ha pasado y todo lo cura, pero también es bueno recordar que todo este “montaje” contra mi persona y mi Colegio Profesional fue archivado. Por eso, le recuerdo a D. Julio Ramos Díaz y a otros ex decanos que tenían en mente nuestra toga, que la Ley Orgánica del Poder Judicial nos situó en entrado en las mismas condiciones que a ellos y donde el articulado de esta norma es igual para nosotros que para ellos y es más, por si les parecía poco el café, llevamos a cabo el Recurso de Suplicación, con el consiguiente “odio” de los mismos y pronto estaremos en la Ley que regula la Justicia Gratuita. Por lo tanto mi “recuerdo” para el Magistrado Mendizábal que tan desafortunado estuvo y que con todo su nivel de preparación también hizo el ridículo.
El tiempo pone a cada uno en su sitio y aquella querella amenazante y tan mal estudiada y fundamentada que fue archivada, donde yo me atrevería a decir que se utilizó para amedrantar a mi profesión, no les sirvió para nada, pero yo, que tengo memoria quiero aquí en mi blog recordarlo como una efemérides ganada por los Graduados Sociales para que nunca olviden que aquella mala fe que pusieron en todo ese proceso, la Justicia los puso en su sitio, pese que algunos ignorantes todavía quieren hablar de esto como si tuvieran razón. Afortunadamente, la abogacía, el Poder Judicial, Procuradores y todos los juristas saben sobradamente quiénes somos los Graduados Sociales y cómo hemos adquirido por derecho el nivel y el sitio que nos ha correspondido en esta sociedad civil. Es decir somos juristas, operadores jurídicos y profesionales del Derecho, de lo cual me honra y al cumplirse estas fechas quiero recordarlo como las grandes batallas que ganó la Armada Española, pues yo no seré un “Blas de Lezo”, pero soy para los Graduados Sociales un “José Blas Fernández”.